Opinión ▎Una capital en llamas

Por El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

En el amanecer del primer día del mes de julio fue incendiado un camión procedente de Colotlipa, municipio de Quechultenango a un costado de la autopista del sol, antes de llegar a la terminal de autobuses de Chilpancingo. Personas encapuchadas cerraron el paso a la unidad y obligaron a los pasajeros a descender. De inmediato accionaron bombas molotov para incendiarlo. Los bomberos no pudieron impedir que el camión quedara calcinado.

Horas antes, alrededor de la una de la mañana, sobre el encauzamiento del río Huacapa, personas desconocidas arrojaron una bomba molotov contra una camioneta Urvan de la ruta Tlacotepec-Chilpancingo. El equipo de bomberos logró medio sofocar el vehículo causando daños a otro automóvil que se encontraba estacionado a un lado de la Urvan. Alrededor de las 5 de la tarde del mismo día viernes fue incendiada otra Urvan de la ruta Chilpancingo-Chilapa cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y de la escuela primaria José Martí. Los autores se trasladaron en una motocicleta y de forma intempestiva llegaron al lugar donde se encontraba la camioneta, para arrojar varias bombas molotov. Las llamas alcanzaron toda la unidad, causando daños a otro vehículo.

Además de los incendios de las unidades de transporte, alrededor de las 7 de la tarde por la ruta de Tepechicotlán que se ubica cerca de la universidad pedagógica nacional, en el barrio de san Francisco, una persona fue herida a balazos. Nadie le prestó auxilio y así herido con sus propios medios alcanzó a llegar al hospital para ser atendido. Minutos más tarde un policía retirado fue asesinado a balazos cuando manejaba su vehículo en la calle observatorio. Por la mañana, en la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, un repartidor de pollos fue atacado a balazos cerca del mercado municipal. En ese mismo instante cuando el secretario de la comisaría municipal llegó al lugar de los hechos para pedir la presencia de las autoridades ministeriales, una persona desconocida se le acercó y disparó a quema ropa.

En el estado la violencia sigue al alza. De acuerdo con el recuento realizado por el periódico El Sur, en el mes de junio se registraron 126 asesinatos en la entidad. El puerto de Acapulco registró 40 homicidios, 8 casos más que el mes de mayo, mientras que en Chilpancingo ocurrieron 26. En Iguala se tiene un reporte de 12 asesinatos, Huitzuco 8, Tepecoacuilco 7 y Tixtla 4. Durante este primer semestre hubo 554 homicidios, con un promedio de 3 personas asesinadas al día en la entidad. El uso de la violencia extrema es lo que caracteriza estos asesinatos: se realizan con armas de fuego; varias personas fueron decapitadas, otra más desmembradas; arrojados en parajes envueltos en bolsas; ahorcados con torniquete, asfixiados, asesinados a golpes y con arma blanca. Entre las víctimas se encuentran 15 mujeres, una menor de 12 años y 14 adolescentes.

En el recuento de los asesinatos de personas en el municipio de Chilpancingo se encuentran 6 personas asesinadas en una granja de pollos en la comunidad de Petaquillas, dejando entre las víctimas a una niña de 12 años. El 14 de junio, 3 días después del asesinato en Petaquillas privaron de la vida al ex fiscal de la zona Centro Marco Antonio Contreras y el ex titular del ministerio público de Iguala Jesús Emanuel Sandoval, cuando circulaban en una camioneta cerca de las instalaciones del gobierno del estado. Cerca de la comunidad de Rincón de la Vía, municipio de Chilpancingo, fue encontrado sin vida, envuelto en bolsas de plástico, un taxista de la ruta de Buenavista de la salud.

Previo a estos hechos de violencia de este fin de semana, el lunes 27 se tuvo información oficial de que en el nuevo libramiento a Tixtla, alrededor de las 21:30 horas personal de protección civil de Chilpancingo, encontró un autobús quemado y a unos 30 metros dos camionetas incendiadas que estaban atravesadas sobre la carretera. En ese mismo lugar también ubicaron una camioneta Ford que presentaba varios impactos de bala. Por parte de las autoridades policiacas no hubo información sobre los hechos trágicos. Se desconoce si hubo personas heridas o asesinadas ni del paradero de los pasajeros y los conductores. Solo reportaron que encontraron sobre el pavimento varios casquillos percutidos de diferentes calibres.

En la madrugada del sábado 25  un reporte de la policía informó que civiles armados se entrentaron a balazos y posteriormente atravesaron sobre la carretera dos tractocamiones de carga a la altura de la comunidad de Mazatlán sobre la carretera Chilpancingo-Acapulco. El bloqueo se mantuvo por varias horas sin que las autoridades pudieran auxiliar a los automovilistas que fueron despojados de sus pertenencias. La Fiscalía General del Estado difundió un boletín donde escuetamente relata que los delincuentes además de accionar sus armas, incendiaron los vehículos y los atravesaron en la vía.  La circulación fue abierta hasta las 8 de la mañana del domingo, el día en que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador inauguraba en Acapulco el libramiento poniente del tramo la Venta-Bajos del Ejido, una obra que se retrasó 8 años porque la delincuencia organizada pedía el moche. Un problema que no se ha desarraigado en nuestro estado y que más bien nos tiene atrapados, a causa de la corrupción que promueven los gobernantes en turno, los líderes de los partidos políticos, los empresarios que han hecho fortunas al amparo del poder y que todos se han confabulado con las organizaciones criminales.

A pesar del anuncio que dio a mediados del mes de junio el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso de que incrementaría el numero de elementos de la policía del estado y que llegarían  más miembros de la guardia nacional a Acapulco y Chilpancingo, las dos ciudades siguen en llamas, por la violencia imparable y porque los grupos delincuenciales han demostrado tener capacidad de fuego para enfrentar a quienes les disputan rutas de transporte, vías para el trasiego de droga, control de los territorios y las mismas administraciones municipales.

Lo grave de nuestra historia marcada por las violencias promovidas por el estado, es que con la narcotización de nuestra economía y de nuestra vida pública, la violencia se recrudece porque es el sostén de este modelo ilegal de la acumulación de la riqueza y el poder. Es un modelo de la economía criminal que ha dado pie para que las actividades ilícitas se incorporen a la economía legal con el lavado del dinero. Nuestra desgracia como pueblo insumiso es que el poder político en nuestra entidad ha estado controlado por grupos caciquiles que degradaron las instituciones públicas y las utilizaron para beneficio propio.  Por esta razón las dimensiones políticas que ha alcanzado el narcotráfico en Guerrero son catastróficas, porque ha extendido sus redes en amplios sectores del poder político y de los grupos empresariales, transformándose en un grave obstáculo para el arraigo de nuestra democracia en el estado.

Lo más peligroso en este proceso de descomposición social es que la economía criminal ha ingresado de manera directa para disputar el poder político local, estatal y hasta nacional. Una muestra de ello son los financiamientos que se han brindado a varios candidatos y candidatas de todos los partidos y colores, torciendo todo el proceso electoral que impide una verdadera competencia, basada en la transparencia y en el respeto a la legalidad y la voluntad popular. Esta captura de las instituciones públicas ha propiciado el incremento de la criminalidad que no ha desmontado ni desarraigado este mal, que ahora forma parte de nuestro sistema político y económico. Este negocio ilegal es la fuente más efectiva que provee de recursos económicos a los grupos de poder que se confabulan con sus intereses de incrementar la violencia, como parte de los grandes negocios que se incuban en las mismas instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y de imponer el orden.

La violencia que se vive en la capital del estado es la expresión de nuestro frágil sistema democrático y de nuestras endebles instituciones encargadas de garantizar el orden, de investigar delitos y preservar el estado de derecho. Los hechos de violencia se multiplican cada semana con la llegada de más elementos armados dispuestos a disputar con plomo y fuego las vías y lugares estratégicos para su control y arraigo. La población que se encuentra inerme solo constata la inacción de las autoridades, verifica que su presencia se da cuando ya se consumaron los hechos. Corrobora que prevalece una descoordinación entre los cuerpos de seguridad. No hay resultados contundentes por parte de los aparatos de inteligencia del estado con el fin de desmantelar las redes del crimen. No se actúa con pericia para detectar los negocios que se tejen entre los grupos políticos y los jefes de los grupos criminales, que con total impunidad extorsionan y someten a la población, asumiendo el control de los giros comerciales más redituables.

La situación de violencia que se padece en el puerto de Acapulco y la capital del estado es la punta del Iceberg con la que nos hemos topado. Es la amenaza más grande que enfrentamos, sobre todo la población más desamparada de las periferias de las ciudades, donde se ha recrudecido la violencia y ha cobrado centenas de vidas de jóvenes, mujeres y niñas. Esta catástrofe urge atenderla. Las autoridades estatales no solo tienen que pedir el apoyo del gobierno federal para contar con más elementos del ejército y de la guardia nacional, que sobra decir, no están conteniendo esta avalancha delincuencial. Se requiere establecer una gran alianza con la sociedad guerrerense, con la fuerza de una población que ha enfrentado este flagelo. Con los colonos que resisten a las fuerzas del crimen, con los pueblos indígenas y afros que se han organizado para conformar sus sistemas de seguridad y justicia, con los estudiantes y maestros que luchan cotidianamente por sus derechos; con las organizaciones sociales que son el motor de los cambios desde la base comunitaria. Este capital social deber ser el contrapeso real a los grupos delincuenciales y a las mismas autoridades que se corrompen y coluden con los perpetradores. Tenemos que contener las llamas de la capital antes de que se incendie el estado.

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