En el marco de la visita de la Embajada de los Países Bajos, 33 organizaciones civiles presentaron un informe que documenta asesinatos, desplazamientos forzados y violaciones sistemáticas de derechos humanos en comunidades indígenas de Oaxaca.
Por Redacción / @Somoselmedio
Oaxaca, México – 26 de mayo de 2025.- En el contexto de la visita de la Embajada de los Países Bajos a la capital del estado, 33 organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe conjunto que denuncia una profunda crisis de derechos humanos en Oaxaca. El documento detalla una alarmante situación caracterizada por el asesinato de personas defensoras del territorio, la criminalización de la protesta social, el despojo territorial y la omisión institucional ante violaciones sistemáticas.
De acuerdo con el informe, que fue elaborado con base en testimonios, casos documentados, observación directa y fuentes oficiales, Oaxaca se ubica como el estado con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en el país. De las 58 personas defensoras asesinadas entre diciembre de 2018 y octubre de 2024, 55 pertenecían a pueblos indígenas. Guerrero y Chiapas siguen en la lista, con el 39% y 17% de los casos, respectivamente.
“El asesinato de defensores y defensoras del territorio no es un hecho aislado, sino el resultado de una política estructural de despojo y violencia. Las comunidades indígenas enfrentan conflictos agrarios históricos, desplazamiento forzado y la imposición de megaproyectos que atentan contra su territorio y su vida”, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa.
Entre los hechos más graves documentados se encuentran casos como el de las hermanas triquis Adriana y Virginia Ortiz García, asesinadas tras denunciar el despojo de tierras; así como la desaparición de Sandra Domínguez Martínez, defensora ayuuk, cuyos restos fueron hallados en una fosa clandestina en Veracruz seis meses después de su desaparición.
El informe también denuncia violaciones al derecho a una vida libre de violencia, a la salud, al medio ambiente sano, a la participación política de las mujeres, a la diversidad sexual y a la información. En particular, se documenta la discriminación hacia personas de la comunidad LGBTQIAPN+, la falta de acceso a servicios básicos de salud en regiones indígenas y la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos de violencia, tanto contra personas defensoras como contra mujeres y niñas.
En materia ambiental, el documento destaca que más del 70% del territorio oaxaqueño ha sido concesionado a empresas extractivas, lo que ha provocado graves afectaciones a los ecosistemas, incluida la destrucción de manglares, la contaminación del agua y el despojo de tierras a comunidades indígenas y afromexicanas.
Ante este panorama de violencia e impunidad, las organizaciones civiles exigieron al Estado mexicano y al gobierno de Oaxaca acciones concretas e inmediatas: la restitución y justicia para las personas defensoras del territorio asesinadas y desaparecidas; el diseño de una estructura institucional sólida que cuente con políticas públicas y presupuesto suficiente para garantizar su seguridad; la intervención urgente de la Fiscalía estatal para investigar y sancionar a los responsables de delitos como el despojo agravado, las amenazas y la destrucción ambiental; así como la implementación de mecanismos efectivos de consulta previa, libre e informada, en apego a los estándares internacionales, ante la imposición de megaproyectos en territorios indígenas y afromexicanos.
Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Embajada de los Países Bajos que se convierta en una caja de resonancia internacional para visibilizar esta situación y respaldar con recursos a las comunidades y defensores en riesgo.
“El silencio institucional se traduce en muerte, desplazamiento y miedo. Exigimos verdad, justicia y garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos”, concluyó el comunicado.
