El Congreso Nacional Indígena responsabiliza al gobierno federal, estatal y a autoridades locales por una estrategia de persecución en municipios del norte de Chiapas, que incluye detenciones arbitrarias, violencia, y campañas de difamación contra pueblos originarios.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 14 de julio de 2025.– El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció una escalada de violencia sistemática contra comunidades indígenas en la región norte de Chiapas, particularmente en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua. En un comunicado difundido este domingo, acusaron al gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y a autoridades municipales de orquestar una política de represión, criminalización y militarización en sus territorios.
De acuerdo con el CNI, lo que comenzó como hostigamientos aislados se ha convertido en una campaña estructurada que incluye detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, robos, e incluso la violación de espacios sagrados como iglesias y escuelas. “Ya no hay paz ni tranquilidad en nuestros pueblos”, advirtieron.
Las comunidades también señalaron la complicidad de grupos civiles armados vinculados con el crimen organizado, en especial con el grupo conocido como “Karma”, y acusaron directamente al cacique local Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, al presidente municipal de Tila Neyser Hernández López, y a las fiscalías estatal y federal, por su papel activo en la persecución.
Además, el comunicado describe cómo se fabrican delitos mediante carpetas de investigación falsas y órdenes de aprehensión sin sustento legal. “Han detenido a adultos mayores, mujeres y estudiantes menores de edad sin ningún motivo legal”, denunciaron.
El CNI denunció también la militarización de sus comunidades por parte de elementos de la SEDENA, la Guardia Nacional y el grupo Fuerzas de Reacción Inmediata Pakales (FRIP), quienes ingresan a espacios tradicionalmente considerados seguros, como iglesias y escuelas, generando un clima de miedo y represión. “La Guardia Nacional entra a nuestros espacios comunitarios intimidando a las familias”, sostuvieron.
Otro eje de preocupación señalado por el CNI es la utilización de redes sociales para la difamación y el hostigamiento digital. Páginas como “Étnica la voz bilingüe del pueblo”, “Vecinos Tila Chiapas” y “Petalcingo sin censura” estarían siendo usadas para publicar fotos sin consentimiento, difamar a familias completas y sembrar división entre las comunidades. Exigieron a la Fiscalía General de la República y a la Policía Cibernética investigar y cerrar estos espacios que catalogan como herramientas de guerra psicológica.
“No somos criminales, no protegemos delincuentes”, aclararon los representantes del CNI, desmarcándose de cualquier vínculo con grupos delictivos. “Nuestro único delito es decir la verdad”, señalaron, reconociendo que atraviesan tiempos difíciles, pero reiterando su voluntad de paz y justicia para sus pueblos.
El comunicado también enumera casos emblemáticos que reflejan la impunidad en la región, como los asesinatos de Domingo y Carmen Lugo, cuyos responsables, afirmaron, son conocidos por las autoridades. También exigieron justicia para líderes sociales asesinados como el padre Marcelo Pérez, Simón Pedro y Samir Flores.
Ante este panorama, el Congreso Nacional Indígena demandó:
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La cancelación inmediata de órdenes de aprehensión injustificadas.
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El cese de detenciones arbitrarias y operativos militares.
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Una investigación seria sobre los actos de hostigamiento contra sus miembros y familias.
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El fin de la violencia estructural contra los pueblos indígenas.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional:
“Hermanos y hermanas, les pedimos que estén pendientes de nosotros. Nuestros compañeros están en alto riesgo”.
