Comunidades chontales, zapotecas e ikoots denunciaron que megaproyectos como el Corredor Interoceánico y la minería violan sus derechos colectivos mientras anuncian nuevas estrategias de resistencia territorial.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 11 de agosto 2025.- Con un llamado urgente a la unidad de los pueblos originarios, más de 150 representantes de comunidades indígenas y 17 organizaciones sociales concluyeron el pasado 9 de agosto el Foro Regional: Defensa del Territorio y Autonomía frente a Megaproyectos, realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El encuentro sirvió como espacio para denunciar los graves impactos socioambientales que generan en la región iniciativas como el Corredor Interoceánico, los parques eólicos y las concesiones mineras, todas impulsadas, según los participantes, sin el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas.
Durante el foro, líderes agrarios, autoridades municipales y defensores de derechos humanos coincidieron en que el actual modelo extractivista promovido por el gobierno federal y estatal está acelerando el despojo de tierras, la contaminación de ríos y la destrucción de ecosistemas sagrados para los pueblos originarios. “Bajo el discurso del desarrollo, se nos imponen proyectos que solo benefician a las grandes empresas, mientras nuestras familias enfrentan desplazamiento, escasez de agua y violencia”, señaló una representante del pueblo chontal durante las mesas de diálogo.
Uno de los ejes centrales de la discusión fue el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), considerado por el gobierno federal como una obra estratégica para el desarrollo económico del sur de México. Sin embargo, las comunidades indígenas aseguran que su implementación está marcada por la falta de transparencia y la violación de sus derechos a la consulta previa. “No se nos ha informado cómo afectará nuestros territorios, ni se han considerado nuestras propuestas alternativas”, denunció un delegado de San Pedro Comitancillo.
Además del CIIT, los participantes alertaron sobre el avance de proyectos mineros y de infraestructura energética, los cuales son acompañados, según testimonios, por un incremento en la presencia militar y de grupos ligados al crimen organizado. “Donde llegan estos megaproyectos, también llega la violencia. Nuestros compañeros defensores son criminalizados, y nuestras mujeres enfrentan mayores riesgos”, explicó una integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales.
Ante este panorama, las comunidades acordaron fortalecer sus mecanismos de autogobierno y resistencia legal. Entre las estrategias planteadas destaca la creación de una red de mujeres defensoras del territorio, que buscará visibilizar los impactos específicos que sufren las mujeres indígenas ante la llegada de megaproyectos. Asimismo, se propuso impulsar una campaña de información a través de radios comunitarias y redes sociales para contrarrestar lo que calificaron como “desinformación gubernamental”.
El foro también sirvió para solidarizarse con comunidades que actualmente enfrentan procesos de criminalización, como los integrantes del módulo de riego de Tehuantepec, acusados por la CONAGUA de “usurpación de aguas”, y los miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), quienes son judicializados por oponerse a proyectos energéticos en sus tierras.
Como parte de los acuerdos finales, los participantes se comprometieron a realizar asambleas regionales informativas, acciones legales coordinadas y movilizaciones pacíficas para exigir al gobierno mexicano el respeto a su autonomía. “No permitiremos que nuestro territorio siga siendo visto como una zona de sacrificio. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, porque es nuestra vida y nuestra historia”, afirmó un representante de San Mateo del Mar durante la clausura del evento.
Con la consigna, “El territorio no se negocia, no se vende, se defiende”, las comunidades cerraron un encuentro que no solo reafirmó su determinación por proteger sus recursos naturales, sino que también evidenció la creciente articulación entre pueblos indígenas para hacer frente a lo que consideran una ofensiva extractivista sin precedentes en el Istmo de Tehuantepec.
