Ciudad de México, 19 de marzo de 2020. Las órdenes de aprehensión contra funcionarios acusados de desviar la investigación del caso Ayotzinapa son una oportunidad para romper la impunidad en el caso, consideraron las familias de los normalistas desaparecidos.
El pasado martes se dio a conocer la detención de dos ex funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y un elemento de la Marina acusados de torturar a uno de los sospechosos de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayer se publicó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja contra Tomás Zerón de Lucío, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las familias de los jóvenes, dijo a la agencia AP que los padres consideran las órdenes de aprehensión como un avance que les da “una bocanada de esperanza” para que se castigue a quienes manipularon la investigación y que eso abra el camino también a conocer finalmente qué pasó con sus hijos.
“Nuestra esperanza es que ojalá estas primeras acciones legales rompan los pactos de silencio e impunidad y las familias lleguen a acceder a la verdad, que es lo más importante”, dijo. “Y reconocen en estos pasos una medida que puede contribuir a ello”.
La versión oficial en el sexenio pasado era que el 26 de septiembre de 2014 policías municipales capturaron a los estudiantes en Iguala y los entregaron a miembros del crimen organizado, quienes los habrían llevado al basurero de la localidad vecina de Cocula, donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano.
Las autoridades, encabezadas por la AIC, dijeron que en ese río encontraron restos humanos; uno de ellos sería identificado como el de uno de los estudiantes. Posteriormente se conoció que la diligencia tenía serias irregularidades que afectaban incluso a la cadena de custodia de los restos. Al paso del tiempo, además, se conocieron denuncias de tortura de algunos detenidos como supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes.
En diversas ocasiones, estudios tanto del EAAF como del GIEI revelaron la imposibilidad de la teoría oficial; la OACNUDH, por su parte, publicó un informe que daba fuertes indicios de la existencia de tortura contra los detenidos.
Desde entonces, las familias de los normalistas exigieron una investigación bajo los más altos estándares tanto del paradero de sus hijos como de la actuación irregular de las autoridades. La Comisión Presidencial conformada este sexenio y las actuaciones de la actual FGR han abierto esta posibilidad.
