Buscadoras, archivistas y abogados señalaron que el Ejército no ha entregado documentos al Archivo General de la Nación desde 2002, pese a un acuerdo presidencial y a una sentencia federal que ordena crear una Comisión de transferencia de archivos.
Por: Mario Marlo / @Mariomarlo
A dos meses de que un tribunal federal ordenó abrir los archivos de la Sedena relacionados con las desapariciones cometidas entre 1965 y 1990, la comisión que debe entrar a las instalaciones militares y transferir esos documentos al Archivo General de la Nación (AGN) todavía no se integra. Alicia de los Ríos Merino, historiadora e hija buscadora de Alicia de los Ríos Merino, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y víctima de desaparición forzada desde 1978, llamó este 6 de octubre a la Secretaría de Gobernación “a que tenga altura de miras y coordine este proceso como debe de ser”, y a la Secretaría de la Defensa Nacional “a que acate y a que colabore en la implementación”.
El llamado ocurrió durante el webinar “Abrir los archivos, romper los silencios: documentación y memoria de la violencia de Estado”, convocado por Article 19, Archiveros sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Alicia de los Ríos recordó que la decisión se toma en un país “que ya suma 135 000 víctimas” y que el fallo es un precedente para todas ellas.
Su madre, también llamada Alicia de los Ríos Merino, era militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Vallejo de la Ciudad de México. Desde entonces, su hija la busca.
La sentencia que obliga a abrir los archivos de la Sedena
El 6 de agosto de 2026, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 43/2025, promovido por Alicia de los Ríos con el acompañamiento de Article 19 y el Centro Prodh. En primera instancia, un juzgado de distrito le había negado la protección con el argumento de que la Sedena no tenía ninguna obligación de entregar archivos.
Jesús Segovia Villeda, abogado del Centro Prodh, explicó que el tribunal reconoció el derecho a la verdad frente a las violaciones graves cometidas por el Estado entre 1965 y 1990, y que ese derecho no pertenece solo a Alicia como víctima indirecta, sino a toda la sociedad. Para hacerlo efectivo, la sentencia ordenó crear una Comisión de transferencia de archivos, integrada por el AGN y por cinco personas expertas independientes, que reasumirá las facultades que tuvo el extinto Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). Esa comisión deberá elaborar un plan de trabajo, ingresar a instalaciones militares, ubicar los documentos y trasladarlos al AGN.
“No solo Alicia puede exigir el cumplimiento de esta sentencia”, dijo Segovia. “Se ha abierto un derecho colectivo para conocer la verdad”. El abogado advirtió que en cumplimientos similares algunas autoridades han alegado falta de fundamento legal o de presupuesto, argumentos que, señaló, no proceden frente a una sentencia que ya es cosa juzgada.
“Lo que nos está faltando continúa en esos expedientes encuartelados”
Testigos sobrevivientes vieron por última vez a la madre de Alicia, junto con otras personas desaparecidas, en el Campo Militar número 1 y en la Base Aérea Militar número 7. Mediante otro amparo, Alicia logró entrar a esas instalaciones con la Fiscalía General de la República y peritos independientes. Ahí entendió que los testimonios y las reconstrucciones ministeriales no bastaban: “lo que nos está faltando aún continúa en esos expedientes encuartelados”.
Segovia vinculó esos archivos con una de las líneas de investigación abiertas sobre los vuelos de la muerte. Según explicó, el Ejército trasladaba a personas detenidas a una base aérea militar y desde un avión las arrojaba al mar. A 2026, ningún caso de ese periodo ha sido judicializado en materia penal.
“El hecho de que no los tengamos no es imputable directamente a las víctimas que buscan justicia, a las organizaciones que acompañamos, sino es obligación de las autoridades abrir sus archivos”, sostuvo el abogado. La desaparición forzada, añadió, es un delito que tiende a la clandestinidad y a ocultar los medios de prueba; sin documentos, la carga recae sobre quienes buscan.
En 2023, Alicia promovió un amparo espejo contra el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que había entregado millones de fojas al AGN en 2002 y después extrajo otros millones. El organismo devolvió ese material, que incluía expedientes, grabaciones telefónicas, cine, video y audio. Está de nuevo en el AGN, pero no a disposición pública. Segovia explicó que esa información ya permitió acceder a fotografías de personas detenidas, a nombres y fotografías de perpetradores y a imágenes de lugares de detención.
Los archivos que las familias salvaron del saqueo
Judith Galarza Campos, fundadora de Fedefam México, busca a su hermana María Leticia Galarza Campos, desaparecida por motivos políticos en 1978, el mismo año que la madre de Alicia. Durante décadas, las familias resguardaron denuncias y documentos de la represión mientras la policía se los arrebataba. Galarza relató que en la Ciudad de México agentes irrumpieron en la oficina de una de sus organizaciones, se llevaron todo el archivo, encarcelaron a cerca de ocho personas y torturaron a hombres y mujeres que solo vivían en ese domicilio. En las casas de los padres de personas desaparecidas, contó, se robaban actas de nacimiento, fotografías y documentos oficiales.
La respuesta oficial fue la negación. A las familias les decían que no existía la Brigada Blanca, que buscaran a sus hijos e hijas en Estados Unidos o en cárceles del sur. La familia Galarza no tuvo un documento que probara la desaparición de Leticia sino hasta 2005, cuando los historiadores Adela Cedillo y Francisco Valenzuela le entregaron expedientes localizados en el AGN.
“Nuestros archivos son el testimonio de nuestra lucha, pero también el testimonio de la represión que ellos ejercieron contra nosotros”, dijo Galarza. Esos acervos siguen dispersos y sin digitalizar por completo. Article 19 resguarda el archivo del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y, a través de la plataforma Archivos de la Resistencia, ha digitalizado más de 50 000 documentos rescatados por familias y colectivos.
Galarza recordó que en México no hay un solo enjuiciado por los crímenes de ese periodo, a diferencia de Argentina o Guatemala, y que el Estado mexicano actuó con respaldo de Estados Unidos. “Yo en lo personal nunca voy a aceptar que mi hermana falleció. Ellos nos tienen que decir dónde están, quiénes fueron, y llevarlos a juicio aunque hayan muerto”.
Un acuerdo presidencial incumplido desde 2019
La Sedena entregó cajas de documentos al AGN en 2002, por un decreto del gobierno de Vicente Fox, y desde entonces no ha transferido nada más. El resto permanece en el Archivo Histórico Militar, en Lomas de Sotelo. En febrero de 2019, un acuerdo presidencial ordenó a todas las dependencias federales, incluida la Sedena, transferir al AGN los documentos sobre violaciones graves a derechos humanos del periodo 1965-1990. Alicia de los Ríos afirmó que el Ejército está en desacato.
“Es la gravedad de que el Ejército no entregue nada después del 2002, que ha sido su pretexto extendido hasta la fecha, que él ya entregó. Nosotros sabemos que no, gracias al trabajo del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico”, dijo.
Ese mecanismo, parte de la Comisión de la Verdad que operó entre 2021 y 2024, documentó la desaparición de al menos 1 200 personas. En octubre de 2023, de acuerdo con Segovia, la Sedena le negó el acceso a sus archivos y obstaculizó su labor. Las historiadoras e historiadores del MEH registraron esas obstrucciones en el informe “Las formas del silencio”. Para Alicia, ese registro corroboró “que no solamente existían los archivos, sino que se les estaba alterando” para evitar su consulta y su uso en las investigaciones de la Fiscalía. En noviembre de 2023 promovió el amparo que hoy tiene sentencia.
Ramón Aguilera, de Archiveros sin Fronteras, participó en las discusiones de la Ley General de Archivos en el Senado entre 2016 y 2017. La ley, vigente desde 2019, obliga al Estado a organizar, preservar y dar acceso a los documentos sobre violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; su artículo 36 prohíbe clasificar como reservada esa información, y su destrucción es un delito penal. “Aún hoy en día, con todo y ley que obliga a abrir los archivos, todavía hay resistencia, sobre todo de parte del Ejército y de parte de las entidades de seguridad pública”, señaló.
Segovia lo explicó desde el litigio: las aperturas impulsadas por la alternancia de 2000 y el cambio de gobierno de 2018 pierden efectividad cada vez que topan con la Secretaría de la Defensa Nacional, y entonces solo queda el amparo.
El siguiente paso es la designación de las cinco personas comisionadas. “Tienen que ser los mejores perfiles”, dijo Alicia de los Ríos. Y explicó para quién es esta lucha: “Es para todo el país, para las generaciones que viven en el país, que van a poder conocer eso, porque probablemente a nosotros no nos va a dar el tiempo”.
