Durante el foro de la UNESCO y el vigésimo aniversario de Artículo 19, periodistas y especialistas alertaron sobre la transición hacia el control, censura digital y la persecución política mediante tecnologías emergentes.
Por Alan Hernández / @alandjhm
Ciudad de México, 22 de mayo de 2026.- El pasado siete de mayo, en el marco del foro internacional organizado por la UNESCO y la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, periodistas y especialistas en derechos digitales se reunieron en el centro cultural España, para desmenuzar el impacto de las tecnologías emergentes en el ejercicio periodístico. Durante la jornada de análisis, los ponentes denunciaron cómo las plataformas digitales y los sistemas automatizados son utilizados por corporaciones y gobiernos como una vía expansiva para el monitoreo de comunicadores, el rastreo de fuentes informativas, la restricción de contenidos y la amplificación de campañas de acoso.
La periodista mexicana Carmen Aristegui, en su participación, señaló que el uso masivo de la Inteligencia Artificial representa un cambio sistémico en el planeta, donde los métodos tradicionales de censura institucional han mutado hacia dinámicas más sofisticadas. Aristegui expuso la preocupación respecto a la llamada censura algorítmica y la manipulación de flujos de información: “¿Es posible o no que algún gobierno en algún lugar del mundo pueda efectivamente llegar a algún tipo de acuerdo o situación con las grandes tecnológicas para que vía algoritmo se pueda silenciar o simplemente no difundir una investigación periodística?”, cuestionó. Asimismo, alertó sobre la existencia de leyes concatenadas en el país que buscan formalizar un sistema nacional de vigilancia masiva que afecta los derechos humanos y las libertades individuales.
Esta preocupación coincide con los datos históricos de Artículo 19, organización que ha documentado cómo en México la violencia digital contra la prensa se ha institucionalizado. De acuerdo con sus registros sobre agresiones contra periodistas, el Estado mexicano se mantiene de forma sistemática como el principal agresor de la prensa, donde el acoso en línea, las campañas de desacreditación digital y los ataques contra portales informativos son operados frecuentemente desde estructuras vinculadas al poder público, la organización ha documentado que el espionaje ilegal a través de malware comercial ha sido una constante en el país, utilizado como herramienta de intimidación y control contra periodistas e investigadores.
Por su parte, Angélica Cárcamo, directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas, expuso la severidad del escenario en regiones como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, detallando agresiones que transitan desde el espionaje con software como Pegasus hasta el bloqueo de señales telefónicas en protestas y el hackeo básico de mensajería por falta de contraseñas seguras. Cárcamo hizo especial hincapié en el impacto diferenciado que sufren las mujeres reporteras en los entornos digitales: “Cuando nos han atacado a nivel digital, ¿qué es lo primero que nos atacan? No es por nuestra profesión, es por el cuerpo, cómo nos vestimos, el peso… y luego van con amenazas más graves”, señaló.
Esta violencia por razones de género ha sido ampliamente alertada por organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), cuyos informes señalan que las agresiones digitales contra las periodistas se han convertido en una vía sistemática de violencia comunitaria e institucional. CIMAC documenta que los ataques en línea hacia mujeres periodistas no se limitan a la crítica de su trabajo, sino que transitan de forma deliberada hacia la violencia psicológica, el acoso sexual digital, la difamación basada en estereotipos de género y las amenazas de violencia física o feminicida, teniendo como principal agresor a funcionarios públicos y particulares vinculados a la política.
Durante las conclusiones del bloque, Lucía Camacho Gutiérrez, coordinadora de la organización Derechos Digitales en Chile, y Paulo José Moreira Lara, codirector de Artículo 19 Brasil, coincidieron en la urgencia de transitar de la resistencia individual hacia respuestas colectivas y sistémicas. Los especialistas propusieron la creación de consorcios regionales para investigar el cabildeo de las grandes firmas tecnológicas con el poder político, el desarrollo de herramientas comunitarias independientes de los monopolios comerciales y la separación física entre los servicios de hospedaje web y la curaduría automatizada de los contenidos informativos.
El foro internacional se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el uso de tecnologías de vigilancia contra la prensa en América Latina, donde el uso de malware como Pegasus y las reformas legislativas en materia de ciberseguridad han sido señalados por organismos internacionales como mecanismos de inhibición de la libertad de expresión. La conmemoración de los 20 años de Artículo 19 en México y Centroamérica ocurre en un panorama donde las agresiones digitales superan con frecuencia a los ataques físicos en un entorno de riesgo para el periodismo de investigación que depende de la protección de sus fuentes digitales y de la libre circulación de la información en redes de comunicación abiertas.
