La Brigada Blanca carecía de “sustento legal” y sus tácticas estaban “completamente fuera de la ley”; el Campo Militar #1 se usó para “detenciones e interrogatorios” ilícitos.
Por Jacinto Rodríguez Munguía y José Reveles
Entre las miles y miles de hojas ordenadas en 32 carpetas y 16 anexos que integran la investigación militar sobre los “vuelos de la muerte”, se encuentran 118 páginas con el reconocimiento inédito y explícito del Estado mexicano de que en el periodo de violencia de Estado de los años 70 y 80, conocido también como Guerra Sucia, cometió múltiples delitos y graves violaciones a los derechos humanos.
El pliego de consignación presentado por la Fiscalía Militar para acusar a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro señala de manera explícita que la Brigada Blanca, grupo paramilitar integrado en esencia por elementos del Ejército a cargo de exterminar a organizaciones guerrilleras y disidentes políticos, llevaron a cabo “detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales”, utilizando instalaciones diversas castrenses, como el Campo Militar 1 y la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, Guerrero, en donde instalaron centros clandestinos de detención.
Las “tácticas completamente ilegales” incluían las ejecuciones a sangre fría de cientos de mujeres y hombres que eran llevados a la Base Aérea Militar #7, desde donde eran “encostalados” y subidos a un avión de la Fuerza Aérea para posteriormente ser arrojados a las profundidades del mar.
A pesar de este reconocimiento, al momento de establecer quienes fueron los responsables, el Ministerio Público Militar acomoda toda la información para que la conclusión se centre en sólo los tres mandos directos de la Brigada Blanca: los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, así como el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.
Según la acusación final, no existían cadenas de mando ni jerarquías. Ningún otro militar estuvo involucrado ni fue corresponsable.
Al acusar sólo a tres militares, se creó el blindaje necesario para exonerar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, a otros integrantes de la cúpula militar y al Ejército mexicano como institución, a pesar de que la propia investigación dio cuenta de documentos y testimonios que comprobaban que la cacería de los grupos guerrilleros se realizaba por órdenes superiores.
Y así como no se inculparon a más responsables, tampoco existen listas ni cuerpos de los asesinados, por lo que el alegato final de la Fiscalía constituye
un cierre y el fin de la historia:
“Se determina el ejercicio de la acción penal contra los tres elementos militares por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un número indeterminado de personas, cuyos cuerpos fue imposible identificar por haber sido arrojados al Océano Pacífico para borrar todo indicio delictivo”.
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La del 15 de septiembre de 2002 no fue una noche de festejo patrio para el abogado y mayor Andrés Cortés Ríos. Tampoco de preparativos para el desfile militar con el que sus compañeros de armas celebrarían un aniversario más del inicio de la Independencia de México.
A él le correspondía afinar y revisar las conclusiones que presentaría pocas horas después, el 16 de septiembre, al juzgado militar en el que se procesaba a los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, y al mayor Alonso Barquín.
Ese día se cerraba una larga etapa de dos años y dos meses en la que él, en su calidad de ministerio público militar, había leído miles de documentos, escuchado testimonios, ordenado diligencias y recabado evidencias, suficientes para consignar a esos tres altos mandos del Ejército por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de cientos de personas que fueron asesinadas y arrojadas al mar en los llamados Vuelos de la Muerte.
Para el también abogado y mayor de justicia militar había llegado la hora de procesar una de las historias más incómodas y deshonrosas para el Ejército: la llamada Guerra Sucia y los “vuelos de la muerte”, la operación de Estado mediante la cual se ordenó detener ilegalmente, torturar y asesinar a cientos de mujeres y hombres que disentían del régimen y, después, arrojar sus cuerpos al Océano Pacífico para desaparecerlos por completo.
Los detalles los tenía en su escritorio: documentos, dictámenes, declaraciones de pilotos, mecánicos, albañiles, testimonios que contaban con escalofriantes pormenores el modus operandi mediante el cual elementos del Ejército habían llevado a cientos de personas a la base aérea de Pie de la Cuesta, Acapulco, donde las habían asesinado con un balazo en la nuca, y habían subido sus cuerpos al avión israelí Aravá para, finalmente, lanzarlos a las profundidades del mar.
Todo ese trabajo se resumía en el pliego de consignación que había preparado para la justicia militar: 114 páginas que también incluían la esencia de los peritajes sobre el perfil psicológico de los militares procesados, dictámenes de balística, el análisis del contenido de las bitácoras de vuelo; el estudio bioquímico aplicado a las piezas del Aravá, los croquis de la Base Aérea Militar, las órdenes para otorgar ascensos y sobresueldos para quienes participaron en esas operaciones y muchos otros documentos.
Por ello, en el pliego de consignación se pedía ejercer acción penal por homicidio calificado contra Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Barquín Alonso.
Además de presentar las pruebas que respaldaban la acusación, el ministerio público militar Cortés Ríos desarrolló un análisis del contexto social y político de Guerrero y del país para intentar “explicar” la violencia del Estado contra los grupos guerrilleros.
Y justo ahí se incluye la inusual confesión del Ejército del papel que desempeñó en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México, confesión que 24 años después adquiere relevancia especial dado que nunca antes se había conocido un documento oficial que reconozca explícitamente lo siguiente:
La Guerra Sucia ejecutada por el Estado mexicano en los años 70 y 80 fue ilegal, la Brigada Blanca –integrada y comandada principalmente por militares– carecía de “sustento legal” y cometió múltiples delitos, usó “tácticas completamente ilegales”, realizó “cateos y reclusiones ilegales” y utilizó el Campo Militar #1 y otras instalaciones para realizar “detenciones injustificadas” y someter a los detenidos a “interrogatorios y reclusiones ilegales”.
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Fábrica de Periodismo tuvo acceso al contenido íntegro de las 32 carpetas y 16 anexos de la investigación completa que el propio Ejército realizó a partir del año 2000 para esclarecer la verdad de los “vuelos de la muerte”, el mecanismo de extinción empleado para deshacerse de los “subversivos” y “enemigos” del régimen.
Realizados entre 1974 y 1979, los “vuelos de la muerte” constituyeron uno de los métodos más atroces empleados por el Ejército para acabar con la vida de cientos de mujeres y hombres.
En las más de 15 mil hojas del expediente se encuentran múltiples pruebas de quiénes, cómo, cuándo, por órdenes de quién y por qué se ejecutaron los cientos de asesinatos y desapariciones.
Las carpetas incluyen documentos, testimonios y evidencias de que los “vuelos de la muerte” formaban parte de una operación de Estado destinada a “contrarrestar la acción delictiva de los subversivos del orden”, que de ella tenían conocimiento los altos mandos del Ejército y que incluso la operación había sido aprobada personalmente por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Hermenegildo Cuenca Díaz.
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El 6 de septiembre de 1974 se hizo el primer vuelo de la muerte del que se tiene registro, según las bitácoras de los aviones publicadas por Fábrica de Periodismo en un par de reportajes: Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte y Cinco años de vuelos de la muerte.
Pocos días antes de que se realizara el primer vuelo para lanzar los cuerpos sin vida al mar, se desahogaban los trámites administrativos para respaldar las tareas que estaban por comenzar.
Dada la naturaleza de las comisiones, las diligencias no quedaron en manos de cualquier militar: fueron autorizadas y firmadas por los dos más altos funcionarios del Ejército mexicano en ese entonces: el secretario de la Defensa Nacional y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.
El 28 de agosto de 1974, apenas una semana de que empezara el ciclo de vuelos de la muerte, el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz colocó en tinta negra su firma encima del lugar en donde aparecía su nombre y una breve leyenda: “APROBADO”.
Dejaba constancia así de que la operación para arrojar al mar los cuerpos de quienes eran ejecutados extrajudicialmente contaba con el conocimiento y la autorización de la más alta cúpula militar y que la participación de las tripulaciones que intervenían se compensaba con un sobresueldo.
El oficio, del cual se entregó copia a 24 mandos y responsables de diferentes áreas del Ejército, lo envió el general de ala Roberto Salido Beltrán, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.
En el documento solicita que un par de tripulaciones queden destacadas a partir de esa fecha en la Base Aérea Militar #7, con el fin de realizar “relevos de aviones Arava”.
Le informa al general Cuenca Díaz que las tripulaciones “eran altamente calificadas en esta clase de material de vuelos”, y que ante la necesidad de las “operaciones que actualmente realizan los aviones Arava en la jurisdicción de la 27ª. Zona Militar”, con sede precisamente en Pie de la Cuesta, solicita que se le autorice girar las “instrucciones para que a las tripulaciones se les pagara su sueldo normal y un sobresueldo”.
Y gracias a ese documento hoy se sabe que las primeras dos tripulaciones de los “vuelos de la muerte” estaban integradas por los capitanes Carlos González Gómez, Bernardo Huicochea Alonso, Ángel Salazar Trejo y Edgar Javier Sarabia Alanís, así como por los subtenientes Margarito Monroy Candia y Juan Manuel Díaz Osorio.
Así lo había dispuesto el más alto mando militar. Era una orden. Y se ejecutó.
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La acusación contra los tres militares sometidos a proceso judicial incluye un análisis del contexto político y social de Guerrero y del país en el que ocurrieron los “vuelos de la muerte”.
El ministerio público militar hace una relatoría e interpretación de las causas sociales que llevaron a la guerrilla encabezada por el profesor Lucio Cabañas a irrumpir en la historia mexicana, así como del papel de los militares acusados y de otros grupos represivos que operaron en Guerrero en los años 70.
El extenso análisis repasa los momentos que, según el fiscal militar, detonan la lucha armada de Lucio Cabañas. Cita, por ejemplo, un episodio clave: la manifestación de profesores encabezada el 27 de mayo de 1967 por Cabañas en la plaza de Atoyac de Álvarez, en la que, en respuesta a la demanda de sustitución de la directora de la escuela Juan N. Álvarez, fueron reprimidos con armas de fuego por la policía municipal.
Relata que a partir de entonces Lucio y un grupo de seguidores se remontaron a la sierra para organizar el Partido de los Pobres, con la Brigada Campesina de Ajusticiamiento como su núcleo central. Dos años después, el grupo comenzó a realizar acciones para allegarse de armas y recursos económicos para mantener el movimiento.
A partir de junio de 1972, destaca la relatoría militar, el grupo armado dirigido por Lucio Cabañas llevó a cabo actos más radicales, al pasar de atacar a las autoridades policiacas a emboscar a elementos del Ejército mexicano.
El primero de estos hechos ocurrió el 25 de julio de ese año, cuando el grupo guerrillero atacó un convoy de transporte militar, con un saldo de 10 soldados muertos. El siguiente golpe al Ejército se produjo el 23 de agosto de 1972, con 18 bajas entre las filas militares.
Pero el hecho que aceleró la violencia oficial contra Lucio Cabañas y su grupo, según el informe incluido en la consignación, fue el secuestro del senador Rubén Figueroa, ejecutado por el Partido de los Pobres el 30 de mayo de 1974.
A partir de ese momento, el análisis del contexto cita cientos de registros militares (radiogramas, sobre todo) que dan cuenta del despliegue militar y civil contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Se reconstruye, en pequeños fragmentos, el proceso de persecución de Lucio y su grupo, cuando huyen llevando a cuestas al senador Figueroa; las estrategias puestas en práctica para estrechar el cerco sobre ellos; las detenciones y traslados de los “paquetes” para su “interrogatorio” en la 27/a Zona Militar; el enorme despliegue de comandos, batallones, cientos de soldados que buscan, como se repite literalmente una y otra vez en los radiogramas militares, “eliminar a Lucio y su gavilla”.
El asesinato de Lucio Cabañas ocurre, finalmente, el 2 de diciembre de 1974, momento que se describe así: “No obstante que trató de romper el cerco, fue muerto por los disparos que le hizo el personal militar, siendo posteriormente trasladado el cadáver a la plaza de Atoyac de Álvarez, en donde fue identificado por sus familiares”.
Para el ministerio público militar, lo que pasaba en Guerrero formaba parte de un fenómeno más amplio: acciones armadas realizadas desde inicios de los años 70 por organizaciones de izquierda que “también habían adoptado la violencia como forma de lucha, sobre todo la Liga Comunista 23 de septiembre, la cual llevó a cabo en 1973 secuestros y asesinatos”.
A partir de “su análisis de contexto”, el fiscal Cortés Ríos elabora lo que parece una justificación de la violencia militar:
“La fuerza militar que se usó fue empleada en el combate a los grupos subversivos que proliferaron a lo largo del territorio nacional, los cuales trastocaron severamente el orden y la paz social al dedicarse a cometer secuestros y asaltos a bancos y empresas, con la finalidad de obtener recursos económicos para financiar su movimiento social, así como atacar a los miembros de las diversas corporaciones policiacas encargadas de resguardar el orden”.
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La acusación formal, el pliego de consignación contra Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Barquín Alonso presentado el 16 de septiembre de 2002 constituye un contundente reconocimiento de las ilegalidades y las graves violaciones a los derechos humanos.
El “cúmulo de pruebas recabadas”, dice la Procuraduría de Justicia Militar en ese documento, permite concluir que:
- Durante el periodo del 6 de agosto de 1975 al 8 de julio de 1979, habían realizado 30 vuelos a bordo del avión Aravá 2005, hacia mar adentro, con la finalidad de arrojar los cadáveres de las personas privadas de la vida.
- Que los primeros homicidios fueron perpetrados directamente por Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro con la finalidad de mostrarle al personal del 2/o Batallón de Infantería la forma de privarlos de la vida y de arrojarlos al mar, bajo la supervisión del capitán de Infantería, Francisco Javier Barquín, quien se quedó como encargado del personal de ese batallón.
- Que para llevar a cabo los homicidios de las personas detenidas por formar parte del grupo armado que existió en el Estado de Guerrero, o de tener alguna relación con él, el personal de la Policía Militar planeó adecuadamente la forma de llevar a cabo, como forma de proceder o borrar toda evidencia incriminatoria, ya que se proveyeron de una arma de fuego que sería utilizada precisamente para dispararle a los detenidos en la nuca, a la cual se le llamó La Espada Vengadora.
- Que prepararon el lugar idóneo para perpetrar los homicidios, cerca de la playa, para ahogar el disparo con el sonido que provenía de las olas del mar y de un aparato de electrónico de audio al que se incrementaba el volumen en el momento preciso.
- Que se proveyeron de costales de ixtle para colocar los cadáveres, e incluso contaban con un avión para deshacerse de los cuerpos y borrar así toda prueba incriminatoria, todo lo cual “es evidencia plena de la reflexión que tuvo que realizar el personal de la Policía Militar para llevar a cabo los homicidios, lo que demuestra la calificativa de premeditación”.
- Que las personas a las que se les privó de la vida se encontraban detenidas, vendadas de los ojos y amarradas de las manos y ahí se les decía que se les tomaría una foto, pero en realidad lo que se les daba era un disparo en la nuca, que en la mayoría de los casos les causaba instantáneamente la muerte.
- Que los elementos de la Policía Militar, al momento de perpetrar los homicidios, “nunca corrieron riesgo alguno ni de sufrir el más mínimo daño, era evidente la superioridad de fuerza física, de armamento y de total indefensión por parte de la víctima”, lo que comprueba el cuerpo del delito de homicidio calificado.
- Que fue Francisco Quirós Hermosillo quien probablemente junto con Mario Acosta Chaparro, concibió, resolvió cometer, preparó, y ejecutó personalmente algunos de los homicidios calificados perpetrados en contra de personas que habían sido detenidas por formar parte o tener relación con el grupo armado que existió en Guerrero durante la década de los 70, y otros los llevaron a cabo a través del personal de la Policía Militar del 2º Batallón que se encontraba en la Base Aérea Militar #7, ya que también fungió como comandante del citado batallón del 1º de mayo de 1969 al 1º de mayo de 1977.
- Que Quirós Hermosillo “tuvo conocimiento de los elementos objetivos o externos del delito y tuvo también la voluntad de realizar el hecho delictivo”, ya que de la mecánica en que se llevaron a cabo los homicidios, se desprende que fue él quien concibió la forma en que debían realizarse, reflexionó detenidamente sobre el método más efectivo para lograr la muerte de dichas personas fuera instantánea, así como la manera de deshacerse de los cadáveres definitivamente, llegando así a la conclusión de que el mar era el mejor lugar para depositarlos.
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La documentación y evidencia reunida como parte de la averiguación SC/034/2000/IV/I-E-BIS muestra la ruta que siguió el fiscal militar para probar sin lugar a dudas las atrocidades y las graves violaciones ordenadas por los más altos mandos militares y cometidas por un grupo del Ejército comisionado para cumplir esas tareas.
Sin embargo, y aunque la evidencia comprueba de manera contundente que el exterminio de los integrantes de grupos guerrilleros fue una política de Estado, el Ministerio Público Militar toma un camino que lo lleva a una conclusión mucho más limitada: tres militares, sólo ellos, a título individual, como si no fueran parte de una estructura y de una cadena de mando, fueron quienes “resolvieron cometer, prepararon y ejecutaron los homicidios”.
Para llegar a ese cierre de la investigación, el fiscal militar reconoce, sin embargo, que la creación de la Brigada Especial, conformada por varias agrupaciones policiacas y elementos del 2/o Batallón de Policía Militar al mando de Francisco Quirós Hermosillo, fue irregular.
Además, acepta que para realizar las operaciones ilegales y realizar las ejecuciones extrajudiciales “utilizaban instalaciones de diversas autoridades, incluso militares, ya que se llegaron a emplear como centros de detención, las instalaciones del mencionado Batallón de Policía Militar ubicadas dentro del Campo Militar 1, teniendo también a su disposición, el comandante del mencionado Batallón, un avión Aravá de la Fuerza Aérea Mexicana”.
“A la par de las operaciones estrictamente militares que efectuaba el personal de las unidades destacadas en el combate al grupo armado, se ordenó que elementos del 2º Batallón de Policía Militar, del cual era comandante el ahora general Francisco Quirós Hermosillo y entre los cuales figuraban el mayor Francisco Javier Barquín, se dedicaran a recabar información relacionada con el grupo armado, la cual obtenían a través de los interrogatorios a las personas detenidas en la Sierra de Atoyac”.
Si bien reconoce que cuando “ocurrieron las muertes de las personas” atribuidas sólo a los tres militares mencionados había otros niveles de mando que autorizaron las acciones, prefiere navegar en la ambigüedad: lo hicieron, dice, “seguramente por órdenes superiores”, (aunque) “hasta el momento se ignora específicamente de quién emanaron”.
La argumentación de la fiscalía del Ejército revela también el esquema de operación de la Brigada Especial y destaca el caso de Acosta Chaparro: durante el gobierno de Rubén Figueroa en Guerrero (1975-1981), el general ocupó cargos civiles y militares simultáneamente: era el titular de la Dirección de Policía y Tránsito de Acapulco y también de la Policía Judicial del Estado, y, al mismo tiempo, lideró el combate irregular del grupo guerrillero, además de mantener su adscripción a la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército.
Acosta Chaparro era una pieza clave en la lucha contrainsurgente del Estado: cruel y sanguinario, como es descrito en la acusación, comandaba los interrogatorios y torturas cometidas por los elementos del 2º Batallón de la Policía Militar con sede en la 27/a Zona Militar, en Atoyac de Álvarez, a donde eran concentradas todas las personas sospechosas de formar parte del grupo armado, “algunas de las cuales fueron mantenidas privadas de su libertad durante prolongados periodos de tiempo”.
A partir de mediados de 1975, asienta el documento, las personas detenidas empezaron a ser trasladados a las instalaciones de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, “en donde eran introducidos a una especie de casa o bungalow que se encontraba en la playa que da hacia el Océano Pacífico y ya ahí, el personal de la Policía Militar sometía a interrogatorio a los detenidos, siendo posteriormente a tales interrogatorios que los mencionados detenidos, a altas horas de la madrugada y con los ojos vendados y las manos amarradas…”.
“Sólo obedecíamos órdenes superiores”
En una de las 32 carpetas de la investigación constan los registros documentales de las órdenes de aprehensión liberadas el 25 de septiembre del año 2000 y las primeras respuestas de los detenidos, a través de sus abogados de oficio, al ministerio público militar.
Su primera reacción es negar las imputaciones; la segunda, solicitar la “extinción de la acción penal por prescripción”. Ninguna de las dos les es concedida, por lo que el proceso judicial sigue.
La respuesta de Acosta Chaparro a través de su abogado es esperable: “Niega categóricamente haber participado en los hechos delictivos que se le imputan, negación que hace porque son falsos sobre todo en las imputaciones directas que se le hacen. Por el momento no es su deseo contestar a las preguntas…”.
Quirós Hermosillo responde, por su parte, que “por el momento no es su deseo declarar, por lo que se acoge al contenido de la fracción segunda del Art. 20 constitucional para solicitar que en una fecha posterior se le reciba su declaración”.
Semanas después, el 31 de octubre de 2001, Quirós Hermosillo acude a las instalaciones de los juzgados militares, en donde el Ministerio Público le informa que el motivo de la diligencia es que rinda su declaración, ahora ya en calidad de indiciado.
De propia voz, de nuevo niega “categóricamente los hechos que se me imputan”. Aunque esta vez acompaña a su declaración verbal con un escrito a mano de siete páginas.
Y pide que se recabe la declaración de cinco generales de División como testigos: Salvador Rangel Medina, Eliseo Jiménez Ruiz, Francisco Andrade Sánchez, Enrique Cervantes Aguirre y Luis Humberto López Portillo Leal.
Solicita sus testimonios, argumenta Quirós Hermosillo, porque en la época en que ocurrieron los hechos todos ellos eran parte de la cúpula militar: los tres primeros fungieron como comandantes de la 27/a Zona Militar; y el general López Portillo Leal era subjefe del Estado Mayor de la misma zona militar, “por lo que cualquier actividad que desarrollara el de la voz, al mando de tropas, debió ser del conocimiento de las personas mencionadas”.
Intentan interrogarle, pero Quirós Hermosillo les recuerda que no desea contestar ninguna pregunta y que lo que tiene que declarar se encuentra en forma detallada en el manuscrito.
Con una caligrafía de líneas y tamaños casi perfectas y todas en mayúsculas, comienza negando que haya estado y dirigido operaciones en Atoyac, Guerrero. En esa época, argumenta, ocupaba el cargo de comandante interino del 2º Batallón de la Policía Militar, con sede en el Campo Militar #1, en la Ciudad de México.
Niega las imputaciones y trata de lanzar una contraofensiva jurídica. Pide investigar la cadena de mando de la estructura militar. Busca demostrar que, en todo caso, su actuación estaba supeditada a sus superiores.
“Dependía directamente del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para comprobar lo anterior, se puede recurrir a los testimonios de los generales de División DEM retirados: Alberto Sánchez López, Ramón Mota Sánchez y Mario Oliver Bustamante, quienes fungieron como jefes del Estado Mayor de la Sedena cuando yo era comandante del 2º Batallón”.
Aprovecha para deslindar a Acosta Chaparro, quien, asegura, no pertenecía a la unidad a su mando ni estaba comisionado o agregado. Y da otro jalón a la cadena de mando hacia sus mandos militares.
Las acusaciones, dice, “me obligan a solicitar que la representación social militar, llame a declarar a las personas que por su jerarquía fungieron en aquella época como comandantes de la 27ª ZM”.
Para reforzar su demanda en su manuscrito, le cita al Ministerio Público Militar el artículo 64 de la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece que las funciones que desempeñan los militares deberán estar de acuerdo con la jerarquía, según les sea fijado en las unidades, dependencias e instalaciones a donde se les haya asignado.
“Jamás he pertenecido a una unidad, dependencia o instalación bajo la jurisdicción de la 27/a ZM en Acapulco, Gro”.
Durante los años en que estuvo detenido, sujeto a ese proceso penal, insistió en que se citara a declarar a miembros de la alta jerarquía del Ejército. Quirós Hermosillo intentó una y otra vez jalar los eslabones de la cadena de mando del Ejército hasta que la muerte lo detuvo en noviembre del 2006.
Buscaba demostrar que, en todo caso, los hechos que se le imputaban eran ordenados por estructuras superiores a ellos.
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La investigación en su conjunto buscó evitar la vinculación de esos crímenes de lesa humanidad con las estructuras jerárquicas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ni los mandos superiores ni la institución tenían que mancharse con la sangre de los asesinados.
“Siempre se tiende a desestimar la responsabilidad institucional del Ejército en las graves violaciones de derechos humanos y se atiende más a teorías de que existen unas cuantas manzanas podridas dentro”, dice César Contreras León, abogado y parte del equipo legal del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
La Guerra Sucia y los “vuelos de la muerte”, así como las operaciones “Telaraña” y “Luciérnaga” e incluso el papel del Grupo de Tareas Zorba o la misma Brigada Especial o Brigada Blanca, comenta, son parte de un plan de contrainsurgencia diseñado y orquestado por el Estado y la Sedena.
“Es imposible que los responsables fueran sólo esas tres personas. Fue una estrategia amplia, con inteligencia, con vigilancia constante, con personas infiltradas, con retenes, con helicópteros, con gran cantidad de recursos humanos, materiales y tecnológicos de la época. Hay que reunir las piezas de ese rompecabezas para entender que era una política de terror implementada por el Estado mexicano”.
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El juicio contra los tres militares por su responsabilidad en la desaparición forzada de cientos de mujeres y hombres se enredó en los laberintos de la justicia castrense, en los que tenían eco los reclamos de los militares juzgados: si los procesaban, tendrían que juzgar a quienes estaban por encima de ellos.
Sin embargo, el proceso al que fueron sometidos por sus vínculos con el narcotráfico sí avanzó. En el segundo semestre del año 2002 se instaló un Consejo de Guerra para juzgarlos por esos delitos.
Juan Veledíaz, periodista y especialista en temas militares en México, estuvo presente todos los días en que se llevó a cabo el Consejo de Guerra contra los generales por sus nexos con el tráfico de drogas.
En su libro El general sin memoria, Veledíaz cuenta que en la última defensa que realizó Quirós Hermosillo frente a sus juzgadores para detener las acusaciones por las desapariciones en Guerrero “culpó al general Jaime Antonio López Portillo de filtrar a la prensa información de aquellos sucesos”.
Veledíaz recrea en esas páginas una escena para la historia: “Un silencio cayó como lona aquella tarde de noviembre del 2002 en la sala del Consejo de Guerra del Campo Militar Número Uno. Era como si los asistentes hubieran quedado sepultados bajo el peso de una capa invisible que los tenía aguantando la respiración. Una voz se escuchó hasta los pasillos y rompió con todo”.
“De pie, un hombre entrado en canas, ataviado con el uniforme de gala azul zeta del Ejército, luciendo en las hombreras el águila real del escudo de la bandera nacional con tres estrellas bordadas en oro que lo acreditaba como general de División, comenzaba su alocución con una frase que dejó helados a buena parte de los presentes”.
Quirós Hermosillo, el oficial de artillería que se cambió a infantería y que se ganó sus ascensos por su papel en el combate a la guerrilla, el militar que con su más de metro 80 de estatura intimidaba a cualquiera –continúa el relato de Veledíaz–, tenía sorprendido a todo mundo cuando se paró mirando de frente al estrado donde estaban los seis miembros de la corte marcial que lo juzgaban.
“Era la última audiencia y le tocaba turno para defenderse en público. Había transcurrido toda una semana de diligencias a puerta abierta, donde habían salido a relucir episodios desconocidos de la vida interna de la milicia. Fueron días en que la histórica secrecía del ejército mexicano se rompió y abrió una grieta por donde varios altos mandos fueron exhibidos en sus relaciones con los jefes del narcotráfico en México.
“Esa tarde Quirós Hermosillo se guardó todo lo que había hecho detrás de las ‘órdenes superiores’ que recibió de varios presidentes de la república y secretarios de la Defensa Nacional”.
Y dijo la frase que retumbó en los muros del Campo Militar: “Si hablo, provocaré una crisis de seguridad nacional”.
La advertencia se diluyó con el tiempo. Quirós Hermosillo jamás habló.
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Este es un proyecto en conjunto de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica y Fábrica de Periodismo
