Colectiva #HoySomosTodoPorMiguel y familiares del fotoperiodista exigieron justicia plena, sanciones ejemplares y una regulación laboral y de seguridad en los festivales masivos, tras seis meses de su muerte por el desplome de una estructura en el AXE Ceremonia 2025.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 17 de octubre de 2025.- Frente a las Salas de Oralidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la colectiva #HoySomosTodoPorMiguel y familiares del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández exigieron este viernes justicia plena y la imputación penal a las empresas responsables del accidente ocurrido durante el festival AXE Ceremonia 2025.
Bajo el lema “No fue coincidencia, fue negligencia”, las y los manifestantes demandaron que el caso siente un precedente judicial ante la ausencia total de sanciones a empresas organizadoras de conciertos y festivales masivos en México, donde se han registrado diversas tragedias sin consecuencias legales.
El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, cuando una grúa de montaje colapsó, provocando la muerte de Miguel Ángel y lesiones a otros trabajadores. El joven se encontraba cubriendo el evento sin contrato laboral, sin prestaciones ni condiciones de seguridad, práctica común en el sector cultural y mediático, donde la precarización laboral es norma más que excepción.
Durante su manifestación, la colectiva exigió que las autoridades procesen penalmente a las empresas y organizadores señalados en la carpeta de investigación, establezcan sanciones ejemplares que garanticen la no repetición de este tipo de hechos y promuevan una regulación clara sobre las condiciones laborales de periodistas, fotógrafos y trabajadores culturales, quienes suelen laborar sin contratos ni seguro de riesgos de trabajo. También solicitaron que la reparación del daño sea integral y ejemplar, y que se garantice la aplicación efectiva de protocolos de seguridad y supervisión técnica en la construcción y montaje de estructuras, así como durante el desarrollo de los eventos masivos.
“No puede seguir ocurriendo que quienes hacen posible la cultura y el arte trabajen sin seguridad ni derechos”, expresó la familia del fotoperiodista, al señalar que su demanda busca sentar un precedente jurídico que obligue a las autoridades y a las empresas del sector a rendir cuentas.
De acuerdo con datos del INEGI citados por la colectiva, la informalidad laboral entre fotógrafos alcanza el 71%, mientras que los periodistas ganan en promedio apenas 8 mil pesos mensuales, sin seguridad social ni prestaciones básicas. Esta precariedad, subrayaron, deja en total vulnerabilidad a quienes laboran en coberturas culturales, musicales y de entretenimiento.
Pese a los múltiples accidentes ocurridos en eventos masivos —como el Festival Cultural Nezahualcóyotl 2023, donde una estampida dejó una persona muerta y 22 heridas— ninguna empresa ha sido imputada penalmente. En la mayoría de los casos, las familias son presionadas para aceptar compensaciones económicas, sin que se modifiquen las condiciones estructurales de inseguridad que ponen en riesgo la vida de miles de jóvenes y trabajadores.
El colectivo recordó que, a pesar de este historial de tragedias, festivales como el Vaivén 2025 han llegado incluso a deslindarse de toda responsabilidad mediante cláusulas abusivas que eximen a las empresas de daños o muertes dentro de sus eventos.
“Queremos que la muerte de Miguel marque un antes y un después”, insistió la familia del fotoperiodista, quien busca que la justicia no solo repare el daño, sino que impulse una nueva regulación nacional sobre seguridad y derechos laborales en eventos culturales y musicales.
Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista independiente de 26 años, murió el 5 de abril de 2025 mientras realizaba su labor en el festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México. Su muerte evidenció las condiciones precarias y la falta de protocolos de seguridad en la industria de los espectáculos masivos. A seis meses del hecho, ninguna empresa ha sido sancionada ni imputada formalmente, lo que mantiene en la impunidad una tragedia que pudo evitarse.
