El Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas demanda una mesa de seguridad con autoridades estatales y federales para frenar la creciente violencia en sus territorios, mientras denuncia el incumplimiento de acuerdos previos y la designación de funcionarios vinculados a masacres.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 19 de julio 2025.- Las comunidades indígenas agrupadas en el Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas emitieron un comunicado el día de ayer, exigiendo al gobierno de Michoacán y a las instancias federales la instalación inmediata de una mesa de seguridad que atienda la crisis de violencia que afecta a sus pueblos. El Frente señaló que, a pesar de múltiples reuniones y compromisos adquiridos en años anteriores, las autoridades estatales incumplen sistemáticamente con los acuerdos en materia de seguridad, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema frente al crimen organizado y la violencia estructural.
El comunicado hizo énfasis en la necesidad de que esta mesa de trabajo no sea meramente simbólica, sino un espacio real de diálogo entre el gobierno del estado, las instancias federales correspondientes y las propias autoridades indígenas de los cuatro pueblos originarios de Michoacán: purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes. Entre los objetivos prioritarios destacan el seguimiento a los acuerdos pendientes y la construcción de estrategias conjuntas para enfrentar una problemática que, lejos de disminuir, se ha recrudecido en los últimos años.
La crítica al gobierno estatal se profundiza al abordar el reciente Foro sobre empoderamiento comunal, convocado por las autoridades de Michoacán. Según el Frente, este espacio carece de legitimidad al no garantizar mecanismos claros de participación y decisión para las comunidades. “Nosotros diagnosticamos y decidimos en nuestras asambleas, no en foros donde nuestras voces son manipuladas o ignoradas”, indicaron. Además, denunciaron que, mientras el programa oficial celebra supuestos “aciertos” en seguridad, la realidad en los territorios indígenas es de abandono y violencia creciente, como lo demuestran los recientes ataques armados en Cherán y otras regiones.
Por otro lado, condenaron el nombramiento de Adrián López Solís, actual fiscal general del estado, como notario público. Las comunidades lo señalan como uno de los responsables políticos de la masacre de Arantepacua en 2017, ocurrida cuando ocupaba el cargo de secretario de Gobierno. “Es una burla que hoy sea premiado con tres notarías, en lugar de enfrentar a la justicia por su complicidad en crímenes que dejaron muertos y heridos en nuestras comunidades”, expresaron. La indignación es palpable en el texto, que describe el acto como un ejemplo más de la corrupción e impunidad que caracterizan al gobierno estatal.
La violencia, según el Frente, no es un problema aislado, sino una realidad que atraviesa todas las regiones indígenas de Michoacán. Desde la zona lacustre del Lago de Pátzcuaro hasta la Cañada de los Once Pueblos, pasando por la Meseta Purépecha y la Costa Nahua, las comunidades enfrentan desplazamientos forzados, secuestros y ataques directos contra sus policías comunitarias. “No es solo Cherán, aunque su resistencia es emblemática. Todos nuestros pueblos sufren, y el gobierno sigue sin actuar”, recalcaron. En el comunicado mencionaron también el caso de los hermanos mazahuas y otomíes del oriente del estado, quienes igualmente fueron víctimas de agresiones y abandono institucional.
Otro eje critico es el Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas, impulsado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Las comunidades acusaron que este plan fue implementado sin consulta genuina, mediante asambleas “irregulares y excluyentes” que ignoran los mecanismos tradicionales de decisión. “El 27 de junio entregamos un escrito exigiendo claridad sobre cómo se organizan estas asambleas, pero ni el INPI ni el gobierno estatal nos han respondido”, denunciaron. Para el Frente, esto refleja un patrón de simulación en el que las demandas legítimas de los pueblos son convertidas en ejercicios burocráticos carentes de sustento real.
Asimismo, alertaron sobre la injerencia de partidos políticos en los procesos autonómicos indígenas, acusándolos de buscar la división interna y el debilitamiento de los sistemas de autogobierno. “No respetan nuestras formas de organización y pretenden imponer agendas ajenas a nuestras necesidades”, sostuvieron. Esta crítica se enmarca en un contexto más amplio de resistencia frente a lo que las comunidades perciben como un ataque sistemático contra sus derechos colectivos y su autonomía.
Ante este escenario, el Frente hizo un llamado al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien asumió recientemente el cargo y es de origen indígena, para que intervenga ante el gobierno federal. “Confiamos en que, como hermano indígena, comprenda nuestra lucha y lleve esta demanda a donde sea necesario”, expresaron. La petición busca trascender la inacción del gobierno estatal, al que consideran incapaz o poco dispuesto a garantizar la seguridad en los territorios indígenas.
El mensaje final del comunicado fue un llamado a la unidad entre todos los pueblos indígenas de Michoacán para fortalecer la resistencia y la defensa colectiva. “La violencia nos alcanza a todos, y solo organizados podremos proteger nuestras vidas y territorios”, concluyó el texto, que invita a construir un frente común contra la inseguridad y el despojo.
