La sentencia reconoce décadas de abandono y obliga al gobierno estatal a garantizar la educación de niñas, niños y jóvenes nahuas en la Montaña de Guerrero.
Por Alex Arenas / @Somoselmedio
San Pedro Petlacala, Guerrero, 17 de septiembre de 2025.- El 28 de agosto una jueza federal resolvió a favor de madres y padres de familia de la comunidad indígena de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa, quienes desde hace años exigen al gobierno estatal condiciones dignas para garantizar el derecho a la educación de sus hijas e hijos.
La resolución ordena a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, y al director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guito Nava, presentar en un plazo de 30 días un diagnóstico técnico y un calendario de obras para la construcción de la Escuela Secundaria Técnica No. 229 “Roberto Mejía Guzmán”. El fallo también contempla la dotación de maestros, mobiliario, computadoras e internet, entre otros insumos básicos.
La lista de recursos exigidos incluye la instalación de servicios sanitarios, un centro de cómputo con conectividad, esquemas de mantenimiento y la designación de docentes en Historia, Geografía, Educación Física y Formación Cívica y Ética. Además, deberán entregarse uniformes escolares, pizarrones, escritorios, sillas y material de oficina y de aseo. La jueza ordenó que, mientras se realizan las obras, se adopten medidas provisionales para que no se interrumpan las clases.
Desde su fundación en 1996, la secundaria nunca recibió recursos estatales o federales. En el año 2000 las familias de la comunidad cooperaron 5 mil pesos para levantar las primeras aulas, y en 2013 intentaron ampliarlas con un apoyo mínimo del municipio de Tlapa. Hoy, el edificio presenta cuarteaduras y riesgo de colapso. La directora del plantel, Elsa Vergara Santos, alertó que “las paredes gotean sobre los estudiantes, el techo desprende polvo que afecta la salud y el río amenaza con llevarse parte de la escuela”.
“Estamos molestos como pueblo”, reclamó el padre de familia Antonio Reyes Remigio. “La gobernadora dice que todo va bien en educación, pero desde 2021 no nos han atendido. Nuestras hijas e hijos estudian en condiciones indignas”. Paulina Espinoza Flores, del comité de padres, añadió: “Los estudiantes tienen que poner cubetas en los salones para que no se inunden”. Por su parte, el comisario municipal, Mario Pacheco Castillo, pidió a los tres niveles de gobierno cumplir con su deber y garantizar una escuela segura.
El fallo se convierte en un precedente relevante para la Montaña de Guerrero, donde es común que comunidades indígenas enfrenten falta de maestros e infraestructura. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en 2024 al menos 28 comunidades de Metlatónoc y 40 de Acatepec carecían de docentes.
A través de un comunicado, Tlachinollan detalló que garantizar una educación digna no es responsabilidad de las comunidades, sino del Estado, como lo establece el artículo tercero constitucional. “Aunque la sentencia no es una victoria definitiva, representa un paso significativo contra el abandono institucional y por el derecho a la educación de la niñez indígena en Guerrero.”
