Es ya una percepción generalizada que el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha mantenido un perfil bajo en lo que va de su administración; no asiste a muchos eventos públicos y en los que se presenta son poco difundidos. Esa actitud contrasta con la de sus antecesores Eruviel Ávila y Enrique Peña que anunciaban con bombo y platillo cualquier obra a inaugurar, evento público en el que fueran a dar un discurso breve o cualquier otro espacio que creyeran merecía la pena anunciar la presencia del gobernador.
Podemos atribuir esto a que el actual gobernador no cuenta con el respaldo partidista del gobierno federal pero también es cierto que existe un reclamo popular ante las inacciones del gobierno estatal y es que no solo hay una ausencia física del gobernador sino también una falta de acciones que repercuten en la vida cotidiana de los mexiquenses.
El 19 de diciembre los mexiquenses despertaron con la noticia del aumento del 20% en el transporte público lo que provocó un enojo justificado en la población; además seguimos siendo el segundo estado con mayor número de feminicidios en el país, ocurriendo uno en la máxima casa de estudios mexiquense, la inseguridad en las calles también ha ido en aumento aunado a la deficiencia en los servicios de salud.
Por lo anterior es comprensible que Alfredo del Mazo no quiera hacer frente a la sociedad y prefiera mantenerse oculto en la medida de lo posible y es que además de estas situaciones que ya representan violaciones a derechos humanos, existen en el Estado comunidades o grupos que ven violentados otros derechos humanos y que ya se han organizado para levantar la voz y hacerlos valer.
En este sentido, ¿Cómo podría Alfredo del Mazo mostrarse en público ante tantas deudas que tiene con la entidad? ¿Cómo hacer frente a quienes además de usar un transporte público deficiente, de enfrentarse a la inseguridad diaria ven además en riesgo sus territorios, su identidad como pueblos indígenas, sus bosques, su agua…?
Y es que aunque quienes se han manifestado por la violación a algún derecho son comunidades o grupos específicos la realidad es que han surgido a lo largo y ancho de la entidad y que si bien, algunas no son luchas recientes ni este ni los gobiernos anteriores han dado solución y las problemáticas se siguen agravando.
En Santiago Tianguistenco los truequeros exigen respeto a sus formas de organización y un alto a la criminalización de sus integrantes; Cahuacán en Nicolás Romero busca la protección de sus bosques; en Cuautitlán Izcalli es necesario proteger la Laguna de Axotlan para evitar la entrada de intereses privados; los vecinos del predio La Pedrera en Atizapán de Zaragoza están en un alto riesgo de quedarse sin casa, después de una año de que la empresa Expectras los despojara de sus viviendas.
Ante estas circunstancias es necesario que las instituciones implicadas en estas violaciones a derechos humanos como el INPI, la PROPAEM, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, las Fiscalías y demás trabajen en favor de la ciudadanía y dejen de responder a intereses privados y/o políticos.
Mientras estas problemáticas y aquellas que aquejan a la sociedad en general –altos costos del transporte, inseguridad, feminicidios, fabricación de delitos- no se atiendan el gobernador Alfredo del Mazo seguirá sin dar la cara a las mexiquenses y quizá podríamos aspirar a que comience la decadencia del priísmo en el Edomex, sin embargo esperamos también que no sea a costa de más violaciones a derechos humanos hacía las personas y las comunidades.
