Organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado urgente a que las personas responsables de los ataques contra la comunidad wixárika y tepehuana de San Lorenzo Azqueltán, en Jalisco, donde el pasado 03 de noviembre personas armadas al servicio de un cacique que busca despojarlos de sus tierras atacaron a integrantes de la comunidad, dejando un desaparecido y dos heridos, uno de ellos grave, además del desplazamiento de habitantes.
Luego de una reunión con autoridades federales y estatales, representantes de la comunidad y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas informaron que después de dos semanas de los graves hechos no se han investigado estos actos perpetrados por personas armadas lideradas por Fabio Flores, y exigieron celeridad.
El 3 de noviembre de 2019, personas armadas secuestraron a Ricardo de la Cruz, presidente electo del consejo de Vigilancia del comisariado autónomo de bienes comunales de San Lorenzo de Azqueltán, golpeándolo hasta dejarlo en estado grave. Luego, el grupo habría alcanzado al vehículo donde viajaban las autoridades de la comunidad, para golpear y dejar también en estado grave al comunero Rafael Reyes Márquez. Quedó desaparecidos Noé Aguilar Rojas, quien fue golpeado hasta quedar inconsciente y al parecer fue secuestrado nuevamente y llevado con rumbo desconocido.
El contexto de agresión contra estas comunidades se remonta a un conflicto agrario en la región donde diversas personas, ajenas a estas comunidades, se asumen como propietarias de ciertas fracciones de tierras comunales a pesar de sentencias en su contra.
En el año 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó su preocupación desde Ginebra, Suiza, señalando que “el gobierno mexicano debería de dar un cumplimiento ejemplar al Estado de derecho que marca la prevalencia de los títulos virreinales de estas tierras”.
De acuerdo con las organizaciones, se llegó a los siguientes acuerdos con las autoridades:
- El Secretario de Seguridad Pública se comprometió a establecer un mecanismo de respuesta inmediata ante posibles nuevas agresiones. De la misma manera se comprometió a implementar una estrategia proactiva que garantice en lo ordinario la seguridad de la región.
- La Subsecretaría de Derechos Humanos se comprometió a coordinar y armonizar las diferentes medidas y acuerdos en el marco del reconocimiento de las legítimas exigencias de la comunidad.
- De la misma manera se generó un compromiso de establecer un espacio de diálogo con la Fiscalía General del Estado para la atención de las personas afectadas por los hechos de violencia recientes, pero también dar seguimiento a las carpetas de investigación abiertas con anterioridad para garantizar el acceso a la justicia a las personas agredidas y a la comunidad en general.
- De la misma manera la CEAV se comprometió a brindar atención integral a las personas que resultaron afectadas por los hechos del 3 de noviembre así como garantizar el regreso de las personas desplazadas a su lugar.
- Por su parte el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se comprometió a realizar el enlace y las gestiones pertinentes para involucrar al Gobierno Federal en la solución de este conflicto y garantizar la debida atención y protección de las víctimas.
