Por Wendy Alfaro/@WendyFraire2
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes indígenas, junto con organizaciones de la sociedad civil mexicana, visibilizaron el régimen y la jurisdicción agraria como una fuente vulnerable de derechos de los pueblos indígenas en México; en una audiencia pública temática.
De acuerdo con el comunicado, presentado por la Fundación para el Debido Proceso, Indignación Promoción y Defensa de Derechos Humanos A.C. (DPLF), se presentaron patrones de violación a los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio así como a su libre determinación, a partir de las experiencias de comunidades mayas, rarámuri y ódami, expresadas en dos testimonios de representantes de dichas comunidades.
Ante ello, indígenas pidieron que se atienda está problemática lo antes posible, mencionaron que “el régimen agrario, al reconocer la comunidad agraria como parte de la propiedad social, ha sido la vía más utilizada por los pueblos indígenas para obtener ciertos derechos de propiedad sobre sus territorios”.
De igual manera, señalaron la orientación normativa y práctica de las instituciones del sector agrario hacia la privatización y el despojo del territorio indígena.
A esto se añade la precariedad económica y creciente marginación de los pueblos indígenas, derivada de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista que afecta gravemente la propiedad comunal agraria, debido a que los pueblos no pueden ejercer su libre determinación.
Las imposiciones normativas del régimen agrario no permiten a los pueblos definir libremente su desarrollo económico, social y cultural en función de su bienestar, desde su propia identidad cultural. Sin esta libertad, se ha generado la división al interior de los pueblos, así como la inseguridad y la injusticia.
Muchos pueblos se encuentran en una situación de extrema vulneración por no contar con el reconocimiento de sus tierras y territorios.
Entre las peticiones “se solicitó se reconozcan y protejan los territorios indígenas, y, con la participación de los pueblos y comunidades, se identifique y se implemente una vía de acceso adecuada, accesible, rápida y efectiva para que se lleve a cabo dicho reconocimiento y protección, según lo establecido en los estándares internacionales” explicó la DPFL.
También pidieron al Estado poner un alto para atender y reparar las graves consecuencias que viven las comunidades a causa de la defensa de sus territorios que les ha significado amenazas, agresiones y desplazamiento, como ocurrió en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, con el asesinato del señor Julian Carrillo y familia.
Ante esta propuesta, el Estado mexicano reconoció las fallas del régimen agrario y del sistema de justicia en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ya que no toma en cuenta su realidad y es causa constante de violación de sus derechos colectivos.
Finalmente, la CIDH instó al Estado mexicano a tomar medidas para que los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas se apliquen en este sector ,así como en el impulso de la reforma constitucional en la materia y en el debate legislativo para reformar la Ley Agraria.
Asimismo se acordó que la Relatora de Pueblos Indígenas de la CIDH realice una visita a México y brinde asesoría técnica al Estado mexicano en el proceso de reforma constitucional en la materia.
