A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denuncia que la versión oficial de la Fiscalía General de la República omite testimonios y elementos científicos que apuntan a asesinatos sistemáticos y procesos de calcinación de restos humanos.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 6 de marzo 2026.- A un año del hallazgo del predio conocido como Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco difundió un comunicado público en el que cuestiona la versión presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre lo ocurrido en ese lugar.
Las familias buscadoras sostienen que la explicación oficial reduce los hechos a un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado, omitiendo testimonios y elementos contenidos en las propias investigaciones que apuntan a asesinatos sistemáticos y procesos de calcinación de restos humanos.
“Reducir lo ocurrido en ese lugar únicamente a un centro de adiestramiento o de reclutamiento forzado es ignorar una parte fundamental de lo que realmente sucedió ahí”, señala el comunicado difundido el 5 de marzo de 2026.
Para las familias, el predio fue también un espacio donde “hubo violencia, hubo dolor y hubo muerte”.
En su comunicado oficial, la Fiscalía General de la República informó que las investigaciones han determinado que el predio era utilizado como un sitio de adiestramiento criminal.
De acuerdo con la institución, en el lugar se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y simulaciones tácticas, además de que se reclutaba de manera forzada a personas, a quienes se les retiraban sus pertenencias para vestir otro tipo de indumentaria.
La Fiscalía señaló que durante el procesamiento del lugar se han localizado fragmentos y multifragmentos de restos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir, indicios que actualmente son analizados en laboratorios del Centro Federal Pericial Forense.
Hasta ahora, la institución reporta un avance del 64.44 por ciento en el procesamiento del predio.
Asimismo, indicó que se ha obtenido un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino, aunque hasta el momento no se ha logrado una identificación concluyente mediante confronta con perfiles de familiares de personas desaparecidas.
La FGR también informó que 47 personas han sido detenidas en relación con la investigación y que existen órdenes de aprehensión vigentes.
Para el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, la versión institucional presentada públicamente omite elementos relevantes que forman parte de las propias carpetas de investigación.
Entre ellos, destacan testimonios rendidos ante la propia Fiscalía que refieren que en ese predio se asesinaba a personas de manera sistemática.
“Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no pueden ser ignorados ni omitidos al momento de explicar lo ocurrido”, advierten las familias.
El comunicado también menciona registros dentro de la investigación que describen procesos de calcinación de restos humanos, los cuales habrían alcanzado temperaturas extremadamente altas mediante el uso de materiales y sustancias que permitían mantener el fuego activo.
De acuerdo con el colectivo, estos elementos han sido respaldados por análisis técnicos y estudios científicos relacionados con procesos térmicos y degradación por altas temperaturas, que permitirían comprender las condiciones en que se habrían producido procesos intensos de calcinación.
Otro de los puntos señalados por las familias buscadoras es que el porcentaje de avance reportado por la Fiscalía corresponde únicamente al procesamiento en superficie del terreno.
Según el comunicado, desde julio del año pasado el procesamiento profundo del predio se detuvo, dejando pendientes áreas que consideran fundamentales para esclarecer lo ocurrido.
“Se habla de un 64.4% de avance en el procesamiento del lugar, pero es importante señalar que ese porcentaje corresponde únicamente al trabajo realizado en superficie”, señala el documento.
El caso del Rancho Izaguirre se inscribe en el contexto de la crisis de desapariciones que enfrenta México, donde miles de familias continúan buscando a sus seres queridos en ausencia de respuestas institucionales.
En muchos casos, los colectivos de búsqueda han sido quienes localizan indicios y presionan para que las autoridades investiguen, evidenciando las limitaciones estructurales del sistema de búsqueda e identificación forense.
Para las familias, la discusión pública sobre lo ocurrido en Teuchitlán no puede reducirse a una disputa narrativa entre autoridades y víctimas, sino que se trata de la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación.
A un año del hallazgo del predio, las familias buscadoras hicieron un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se escuche a quienes siguen buscando a sus desaparecidos.
“Intentar reducir lo ocurrido o evitar nombrar todo lo que pasó no ayuda a sanar al país ni a las víctimas”, señalaron.
En el cierre del comunicado, el colectivo insistió en que la verdad no puede fragmentarse ni ocultarse.
“Por eso hoy, desde el dolor pero también desde la dignidad, hacemos un llamado: que se escuche a las madres, a los padres y a las familias que seguimos buscando. Porque la verdad no puede enterrarse. La verdad debe decirse completa”.
