En conferencia en Casa Marx, personas agredidas en Metro Tlatelolco y en el Centro Histórico reconstruyeron la jornada. Según la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, más de 20 personas ya estaban heridas antes de que arrancara la marcha.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México.– Estudiantes de la UAM y la UNAM, una docente universitaria, defensoras de derechos humanos y periodistas independientes presentaron en conferencia de prensa sus testimonios sobre la represión del 2 de octubre de 2026. Describieron revisiones intimidatorias, golpes con bastones y escudos, uso de gas, robo de celulares y cámaras, y la persecución contra jóvenes que se retiraban al terminar la marcha por los 58 años de la masacre de Tlatelolco. La conferencia se realizó en Casa Marx y la transmitió La Izquierda Diario.
El reportero independiente Axel Hernández entrevistó a personal de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Según ese relato, la brigada atendió a más de 20 personas antes de que iniciara la movilización, y 17 de ellas tenían golpes en la cabeza. “Ni siquiera había empezado la protesta y ya había más de 20 heridos, en su mayoría estudiantes”, dijo Hernández. Ese mismo 2 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que no hubo personas lesionadas en la estación Tlatelolco.
Revisiones, gas y golpes antes de la marcha
El estudiante de la UAM Iztapalapa conocido como Rans, integrante de la Inter-UAM, contó que al salir de las cinco unidades de esa universidad ya los esperaban policías. Aunque los agentes se presentaban como escolta de los contingentes, les tomaban fotografías. También detectaron a dos personas encapuchadas y desconocidas que intentaban sumarse a los contingentes, y los estudiantes las apartaron. Cuando llegaron los primeros avisos de lo que ocurría en Tlatelolco, el contingente de Iztapalapa decidió no llegar a la estación.
Rans leyó el testimonio escrito de Denis Anaí Castañeda Domínguez, quien llegó al Metro Tlatelolco a las 14:23 horas. Ahí, dos estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) le contaron que en el exterior policías les habían retirado lonas, pancartas y carteras. Después, un hombre vestido de civil, de negro, al que identificó como policía, les ordenó salir de la estación. Cuando se negaron, los fotografió y revisó la mochila de Castañeda.
Castañeda se integró al contingente del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Al intentar salir de la estación, relató, hubo “un momento de tensión y confrontación con elementos policiales”. Después se usaron gas pimienta y gas de extintores. Varias personas fueron golpeadas. Debajo del puente que conecta las unidades habitacionales de Tlatelolco, Castañeda vio al menos a dos jóvenes con lesiones abrasivas en la cabeza; uno de ellos parecía menor de edad. Integrantes de la Brigada Marabunta les dieron primeros auxilios. “No observé provocaciones por parte de los integrantes del contingente hacia los cuerpos policiales”, escribió.
Axel Hernández describió un grupo de policías en motocicleta, encapuchados y sin identificación, que llegó cuando apenas se reunían algunas personas y empezó a revisar a todas. A los manifestantes les retiraron banderas, megáfonos y mochilas. Tras un encapsulamiento dentro del metro, dijo, la policía arremetió contra quienes estaban en la zona. Los jóvenes que se replegaron hacia un área de comercio fueron golpeados con bastones y escudos y rociados con gas. La única salida era un pasillo estrecho, y ahí hubo un conato de estampida: los chicos caían unos sobre otros. Según Hernández, pudieron salir porque los propios estudiantes derribaron los puestos que había alrededor para abrir espacio.
Una militante del PCR relató desde el público que a la 1 de la tarde, dos horas antes de la convocatoria, al menos una treintena de policías cruzó la plaza afuera de la estación y golpeó a estudiantes organizados y de bachillerato. “Se fueron encima de todo aquel que consideraran sospechoso. A algunos incluso los despojaron de sus vestimentas”, dijo. Según su testimonio, la violencia se detuvo cuando los estudiantes formaron un bloque.
Mariana Morales, docente de la UNAM e integrante de la dirección del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS), contó que al terminar la marcha, alrededor de las 8 de la noche, caminaba a su casa. En el cruce de Simón Bolívar y 5 de Mayo vio a más de 10 policías golpear a un joven al que habían alcanzado tras perseguir a un grupo. Se acercó a grabar para La Izquierda Diario. Un policía intentó quitarle el celular, el teléfono cayó y ella fue golpeada por la espalda; al caer, se lesionó.
Morales denunció que, desde que publicó el video de la agresión, enfrenta una campaña de bots en redes sociales. “Nos preguntamos quiénes están financiando esos bots”, dijo. Ya presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Periodistas despojados de sus equipos
Hernández y otros periodistas intervinieron cuando policías golpeaban a Iván Ortiz, reportero de El Sol de México, del otro lado de la estación. Lograron detener la agresión, pero no evitar que le robaran su mochila. Ortiz quedó con un ojo morado. Integrantes del colectivo Resistencia Anarquista Comunista y medios como Somoselmedio también fueron despojados de sus equipos. A Mario Marlo, periodista de este medio, policías le quitaron su celular mientras documentaba lo que ocurría en Tlatelolco.
“Justamente va hacia los que tenemos dispositivos para dejar evidencia”, dijo Hernández sobre la policía. Según él, el objetivo es reducir las pruebas de las agresiones.
La SSC informó el 2 de octubre que sus direcciones de Asuntos Internos y de Derechos Humanos tomaron conocimiento de la agresión contra un reportero, que atribuyó a “civiles encapuchados”. No mencionó a las demás personas a las que les quitaron sus equipos.
Hernández también documentó el uso de gas lacrimógeno al llegar al Zócalo. Retomó una nota de Camilo, periodista de Pie de Página, que rastreó una granada recuperada esa tarde. Según esa investigación, la granada salió de una armería estadounidense que dejó de producir ese gas en 1990 por su toxicidad. Hernández recordó que no es la primera vez que la policía capitalina dispara este tipo de proyectiles. Juan Francisco Kuykendall murió en 2014, tras ser herido en la cabeza en la protesta del 1 de diciembre de 2012, y se presume que lo alcanzó una bala de goma o una lata de gas.
Persecución que sigue después de la protesta
Hernández expuso tres casos de criminalización fuera de las marchas. El 25 de septiembre, un día antes de la marcha por Ayotzinapa, policías detuvieron a un estudiante de la UNAM horas después de que salió del campamento por los 43. Según Hernández, lo torturaron en la Fiscalía en Cuauhtémoc y le preguntaron qué hacía en el campamento. El 1 de octubre, la Fiscalía citó como imputada a una activista de 71 años con una carpeta de investigación abierta por el 2 de octubre de 2025. Y el día de la marcha, otro joven con una carpeta por los mismos hechos fue arrestado y trasladado al Reclusorio Norte.
Esas carpetas tienen origen en la marcha del año pasado. Tras el 2 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los grupos encapuchados intentaron provocar a la policía para construir una narrativa de represión similar a la de 1968, y confirmó que la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables de las agresiones contra policías y periodistas. Por su parte, Clara Brugada anunció que reforzaría el protocolo de seguridad en marchas y consideró que grupos buscaron “una gran provocación” contra su gobierno para que actuara con represión.
Del homenaje en la mañana al operativo en la tarde
Morales recordó que la mañana del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, Brugada encabezó la ceremonia oficial junto a integrantes del Comité 68. Ahí dijo “nunca más un Estado contra los estudiantes, nunca más el miedo como forma de gobierno”. Horas después, según Morales, el secretario de Gobierno, César Cravioto, presentó el operativo como un protocolo de contención ejecutado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.
Para Morales, lo ocurrido no son casos aislados, sino “el resultado de una política de Estado” que busca disciplinar a las generaciones jóvenes. La vinculó con la impunidad del 68, del Halconazo y de Ayotzinapa, y con la militarización del país. Wendy de la Rosa, de la Coordinadora 1 de Diciembre, surgida tras las detenciones del día en que Enrique Peña Nieto tomó posesión, en 2012, reconoció en el operativo el mismo modus operandi. Señaló a Brugada por rendir homenaje a los caídos en la mañana y, en la tarde, enviar a los cuerpos policiales.
La moderadora, integrante del MTS e hija de un expreso político del 68, recordó que la Liga de Abogados 1 de Diciembre litigó desde 2012 contra el delito de ataques a la paz pública, con el que se intentó encarcelar a jóvenes detenidos con declaraciones falsas de policías. Más de una década después, dijo, a esas víctimas se les sigue negando la reparación del daño. También repudió que el Gobierno capitalino use al Comité 68 para hablar de justicia y reparación.
La desaparición del Cuerpo de Granaderos fue uno de los seis puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga en 1968. En diciembre de 2018, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció su extinción. En su comunicado del 4 de octubre, la Inter-UAM responsabilizó a los “policías y granaderos aún existentes”. El PCR exigió la “extinción efectiva” de ese cuerpo.
Según Hernández, los policías en motocicleta aparecieron en las protestas a partir del Mundial. Dijo que un grupo con la misma forma de operar agredió a madres buscadoras durante los partidos y después intimidó la Marcha del Orgullo LGBT, aunque no puede asegurar que sean los mismos agentes. “Los métodos represivos que llegaron con el Mundial parece que llegaron para quedarse”, dijo. Él mismo fue detenido arbitrariamente el día de la inauguración, cuando iba a cubrir una protesta.
En su comunicado, la Inter-UAM responsabilizó del operativo al Gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega. Exigió a la Presidencia, a la SSC y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar y sancionar a los responsables. También pidió devolver los dispositivos confiscados o dañados y reparar el daño físico y psicológico a las estudiantes agredidas.
De la Rosa exigió que Brugada identifique, presente y destituya a los mandos que dieron la orden. Llamó a quienes fueron agredidos a denunciar ante el Ministerio Público y la CDHCM, y a acercarse a grupos de abogados solidarios. Hernández pidió a la CDHCM actuar ante un grupo policial que, dijo, “rompe con todos los protocolos” y opera con impunidad.
Las organizaciones convocantes difunden un pronunciamiento nacional contra la actuación policial que, según informaron, ya reúne varias decenas de firmas. Anunciaron que convocarán a una nueva reunión para formar un espacio de coordinación contra la represión y la militarización.
