Familias buscadoras lograron que avanzara una reforma a la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco. Aunque incorpora nuevas obligaciones para las autoridades, los colectivos advierten que sin presupuesto, sanciones y vigilancia pública podría quedar sin cumplimiento.
El 31 de octubre de 2025 fue aprobada en el Congreso de Jalisco, con 29 votos a favor, la iniciativa de ley reconocida como: Familias Prioritarias, la cual reconoce a las familias buscadoras como un grupos vulnerable y prioritario; no obstante, la relevancia de esta aprobación, la sesión legislativa no sólo se aprobó a puerta cerrada sino que también se negó el acceso al Colectivo Luz de Esperanza, quiene impulsó dicha ley.
El pasado 5 de octubre, el colectivo Luz de Esperanza conmemoró cuatro años de lucha contra la desaparición forzada con una kermés y pega de cédulas en el Parque de la Calma, en Zapopan, Jalisco.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
