El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum la reactivación de la termoeléctrica “La Charrería” para abastecer de energía a futuras industrias en el estado. Sin embargo, esta propuesta ha generado rechazo en el municipio de Juanacatlán, donde colectivos y habitantes advierten sobre el impacto ambiental y la escasez de agua que traería el proyecto.

Desde 2018 la comunidad ha resistido a la instalación de la termoeléctrica y para 2020 lograron suspender su instalación a través de amparos. Sin embargo, ante las recientes declaraciones del ejecutivo estatal y su falta de claridad, existe incertidumbre.

La comunidad de Juanacatlán exige ser escuchada y rechaza ser el “traspatio” de la zona metropolitana de Guadalajara.

Por Farah Medina /@_dtfarahm_ / @ZonaDocs

El pasado 6 de febrero, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo donde le manifestaba la urgencia de activar la termoeléctrica de ciclos combinados “La Charrería” en el municipio de Juanacatlán.

La justificación de este proyecto es  proveer energía para las industrias que planean instalarse en Jalisco, “Yo le decía: Presidenta que tenemos que reactivar este proyecto, porque necesito energía para poder darle a las empresas que tienen interés de llegar a Jalisco. Necesito energía”, expresó el gobernador.

Estas declaraciones encendieron la alerta entre la comunidad de Juanacatlán, quienes durante años se han unido para resistir a los megaproyectos que buscan instalarse en la región.

La activación de “La Charrería” se traduciría en un alto impacto ambiental, así como la escasez de recursos naturales, como el agua.

Colectivos como “Un Salto de Vida” y el Consejo Indígena de Juanacatlán “Xonacatlán” y “El Roble”, organización que tiene más de cuarenta años luchando por la protección del bosque, han liderado esta lucha; aunque si bien, los colectivos tienen propósitos distintos, se unieron para oponerse a la reactivación de este proyecto.

Rebecca Nuño y María Tiburcia Cárdenas Padilla, quienes forman parte de “Un Salto de Vida” y el Consejo Indígena, respectivamente, manifestaron su preocupación frente a este proyecto y sus implicaciones:

“La situación por la contaminación no ha mejorado en nada y al contrario creo que son más las personas enfermas, más las personas que están muriendo cotidianamente a causa de la enfermedad, tampoco el desabasto de agua que ya se sufre y esa es una de nuestras mayores preocupaciones. Esta empresa funciona principalmente con agua, claro, también con gas, es una gran preocupación para nosotras que esa agua la evapore y la tire la empresa”. 

La reactivación de la termoeléctrica resulta contradictoria a la estrategia gubernamental “Revivamos el Río Santiago”. Supuesto tema prioritario para el gobierno estatal y cuyos ejes de acción se concentran en 1) saneamiento completo de las aguas residuales domésticas; 2) reconversión de toda la actividad productiva; y 3) saneamiento completo de las aguas residuales industriales.

Y es que la termoeléctrica se convertiría en un nuevo factor de contaminación y deterioro ambiental para el Río Santiago y sus alrededores. Quienes lideran esta lucha argumentan que es imposible restaurar el río si siguen llegando más industrias, por lo tanto, consideran que la planta es solo la punta de un iceberg de industrialización.

Para María y Rebecca, la organización de su comunidad ha sido fundamental para cuestionar la reactivación del proyecto de forma tan deliberada por parte de los gobiernos federal y estatal, “como habitantes, tanto Tibu (Tiburcia) como yo, hemos habitado por generaciones Juanacatlán, y este territorio. Cada una, en momentos diferentes, por el dolor, por la preocupación, por la rabia de ver nuestro territorio destruido, el río contaminado, es que comenzamos a organizarnos”.

“La Charrería”

En el año 2018, comenzaron los planes para la construcción de la termoeléctrica “La Charrería”, proyecto impulsado desde el gobierno federal del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.  El proyecto a la fecha, pretende tomar el puesto de la termoeléctrica más grande de México.

Durante este mismo año, la constructora Fisterra, a cargo de la obra, mantuvo un acercamiento con habitantes, les presentaron la termoeléctrica y les aseguraron que traería desarrollo y crecimiento. La propuesta convenció a quienes tenían terrenos alrededor de la zona de vender parte de éstas para la termoeléctrica.

En palabras de Rebeca, esto llegó a fragmentar la relación entre pobladores, debido a que existía la oposición rotunda a la termoeléctrica y las decisiones particulares afectaban la postura generalizada de la comunidad.

En 2019, Un Salto de Vida junto al Consejo Indígena Xonacatlán, iniciaron un movimiento para detener el megaproyecto; ya en 2020, el proyecto pudo ser detenido a través de amparos colectivos presentados por el Consejo, donde se argumentaron daños a la salud, al medio ambiente y el conflicto hídrico.

#Noalatermo

“Algo que rescatamos desde el Consejo Indígena y que argumentamos es que es una comunidad originaria, que existe desde antes de la creación del estado y que por ende somos quienes habitamos, los que tienen el derecho a decidir qué desarrollo, qué progreso”.

Expresa Rebeca, quien, junto a la comunidad de Juanacatlán y los colectivos, el 10 de febrero protestaron ante la idea de traer la reactivación de la termoeléctrica al municipio.

Durante este evento, colectivos pidieron que su demanda sea escuchada: No a la termoeléctrica. Desde esta postura se oponen manifestando que su activación tendrá un impacto ambiental negativo, visible en la escasez de recursos como el agua y el surgimiento de las enfermedades. También, exigen una respuesta de parte del gobierno municipal, así como de otras instancias que tienen injerencia en el proyecto.

Al respecto, exigieron una reunión extraordinaria y pública en la plaza principal, donde las y los regidores se comprometan a rechazar la instalación de la planta termoeléctrica. Se pretende que este rechazo sea documentado en actas, para evitar cualquier cambio o autorización futura. Debido a que, por parte de la población, existe desconfianza sobre la postura y decisión de la presidenta municipal, Ana Rosa Vergara Ángel, quien estuvo presente en la protesta del pasado 10 de febrero. }

En palabras de Tiburcia, su posicionamiento no quedó claro y denota un dilema, cuando se encuentra siendo presionada por la población para detener la termoeléctrica, así como presión por parte de gobierno federal y estatal para que esté continúe,

“como que se siente presionada la presidenta, como que allá le están presionando para que autorice y también la presión del pueblo, (…) y los que se benefician con la compra de terrenos y donde la quieren poner, pues ellos sí están de acuerdo, pero la población no. Entonces es lo que pasa, que ella se siente como que presionada por el pueblo, por el gobierno estatal, que son los más interesados en el proyecto”.

Ante el rechazo a la termoeléctrica, una solución que se proponía era instalarla en otro lugar para no afectar a Juanacatlán, sin embargo, según expresa Rebeca, esto no es acabar con el problema, ya que no se trata de mover la contaminación río arriba o abajo. Para las defensoras, al final, es algo que afecta a todos los municipios colindantes con el Río Santiago, no únicamente al lugar donde se instalará.

Los colectivos, también realizaron una recolección de firmas, con el objetivo de presentarlas a todas las autoridades involucradas en el proyecto, incluyendo la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobernador de Jalisco y la presidenta municipal.

Incertidumbre y ambigüedades 

Para la comunidad de Juanacatlán existe incertidumbre, sobre todo cuando las autoridades realizan declaraciones sobre el proyecto, casi afirmando su reactivación.

En el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, se anuncia la instalación de cinco plantas de ciclo combinado, una de ellas en Jalisco. Si bien, no se especifica una ubicación en el plan, en las declaraciones del gobernador Pablo Lemus, éste aseguró que “es muy probable que sea en Juanacatlán”. 

Por su parte, el Gobierno de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, dirigida por Alicia Bárcenas, declaró que nada es definitivo, que todavía no había sido aprobado el proyecto y que la termoeléctrica de ciclo combinado para Jalisco “continúa en estudios de factibilidad”.

Mientras tanto, la comunidad se ha enfrentado a discursos como el del senador Carlos Lomelí, quien cuestionó la protesta y desestimó las investigaciones y el trabajo de los colectivos:

“Salió a llamarnos ambientalistas, y que nos informemos, y dijo ¿Qué pueblo no quiere una inversión como esta?, qué Carlos Lomelí como senador haga este tipo de comunicados desestimando, la afectación que vivimos, estos 6 años que llevamos investigando, y nos diga que no sabemos, nos preocupa. Y lo vemos como una presión que se está haciendo desde el gobierno federal y también como queriendo condicionarnos de que si no va la termo que, pues, no van a sanear el río”, afirmó Tiburcia.

Además de esto, comenta que les parece incongruente que Carlos Lomelí, un médico consciente de las enfermedades causadas por la contaminación del río, abogue por la instalación de una planta termoeléctrica.

Megaproyectos disfrazados de progreso 

La comunidad de Juanacatlán está siendo amenazada, no únicamente por el proyecto de la termoeléctrica, sino también por la iniciativa de construcción de un puente que pretende conectar El Salto y Juanacatlán.

Inicialmente, este proyecto se presentó como “una solución al tráfico” sobre el puente ya existente, pero Rebeca y Tiburcia consideran que su propósito real es conectar la zona industrial de El Salto con el macrolibramiento a Guadalajara, lo cual podría facilitar la entrada y expansión industrial hacia Juanacatlán, así como la explotación de recursos naturales y la contaminación del ambiente que ya pende de un hilo.

Rebeca denuncia cómo estos proyectos disfrazados de progreso, realmente no benefician a la comunidad, “Nuestros pueblos no pueden seguir siendo como el traspatio de la zona metropolitana, no podemos seguir pagando con nuestra salud, con nuestra vida, con nuestra tranquilidad el supuesto desarrollo de un estado. Lo hemos hecho durante décadas. A causa de eso, nuestros seres queridos se están enfermando y muriendo. Rechazamos completamente que los drenajes de la zona metropolitana sigan llegando a nuestros pueblos, que la basura siga siendo llevada a los pueblos del río Santiago”.

Para Rebeca, Tiburcia, y la comunidad de Juanacatlán, es importante que autoridades y población, sepan que no aceptarán seguir viviendo sin acceso a agua, tierra y aire limpio, ya que merecen una vida digna y saludable, sin que las industrias, supuestos proyectos de crecimiento o intereses, traten de acabar con el territorio y sus habitantes.