El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, representante de 70 comunidades P’urhépechas, acusó a la Secretaría del Bienestar Federal de marginar a pueblos originarios en la distribución del FAISPIAM 2025, reducir presupuestos arbitrariamente y violar su autonomía.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 30 de junio 2025.- Las 70 comunidades agrupadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) expresaron su posicionamiento contra la Secretaría del Bienestar Federal, a la que acusaron de obstaculizar sus derechos colectivos en la implementación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente indígena (FAISPIAM).
De acuerdo con su posicionamiento, las comunidades denunciaron que, pese a cumplir con todos los requisitos administrativos y estar registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, 71 pueblos de Michoacán fueron excluidos inicialmente del padrón de beneficiarios, lo que representó una marginación del 18.25% de los pueblos originarios del estado. “Discriminaron a quienes ya tenían derecho”, señalaron.
Aunque, tras movilizaciones sociales, se actualizó el padrón para incluir a 370 comunidades, la Secretaría redujo arbitrariamente los montos asignados hasta en un 20%, en lugar de aumentar el presupuesto proporcionalmente. “Aumentaron las comunidades beneficiarias, pero les recortaron el capital. Es una contradicción injustificable”, criticó el Consejo.
Por otro lado, las comunidades indígenas aseguraron que la dependencia ignoró su autonomía al imponer unilateralmente los tiempos, formas y condiciones para acceder al FAISPIAM, violando sus usos y costumbres y su reconocimiento como sujetos de derecho público. “¿De qué sirve que la Constitución nos reconozca si los funcionarios no respetan nuestros derechos?”, cuestionaron.
Otro punto de conflicto es el retraso en la dispersión de recursos. Según el Diario Oficial de la Federación, los fondos debían entregarse el 30 de abril, pero, a la fecha, las comunidades no han recibido el apoyo. “Llevan dos meses incumpliendo. ¿Dónde está el dinero destinado a los pueblos?”, exigieron.
Ante esto, el Consejo emplazó a la Secretaría de Bienestar a liberar los recursos de inmediato y advirtió que, de no hacerlo, tomarán sus instalaciones de manera indefinida. “Basta de jinetear el presupuesto. No permitiremos más omisiones”, afirmaron. Por último, hicieron énfasis en una problemática más amplia: la falta de consulta previa y el centralismo en la implementación de programas sociales, que frecuentemente ignoran las demandas de las comunidades.
