En el décimo aniversario del asesinato del joven activista Antonio Vivar Díaz, familiares y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron justicia y responsabilizaron a la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos y al expresidente Enrique Peña Nieto por el operativo que culminó con su muerte.
Por Redacción / @Somoselmedio
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 7 de junio de 2025.– A diez años del asesinato del joven dirigente social Antonio Vivar Díaz, familiares y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan emitieron un comunicado en el que denuncian la impunidad que persiste en el caso y exigen justicia para quien, dijeron, “fue asesinado por una bala disparada desde el interior de una capilla, donde se encontraban retenidos varios elementos de la Policía Federal”.
De acuerdo con el posicionamiento titulado “Antonio Vivar: diez años de impunidad”, el crimen ocurrió la noche del 7 de junio de 2015, en el marco de las protestas impulsadas por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en rechazo a las elecciones intermedias y como parte de la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ese día, tras la detención arbitraria de varios profesores de la CETEG por parte de la Policía Federal, los vecinos de la colonia El Tepeyac cercaron a los agentes federales y algunos de ellos fueron retenidos en la capilla del lugar.
“El asesinato se dio cuando, durante el operativo de rescate de los federales, uno de los policías disparó desde el interior de la capilla y la bala impactó en el tórax de Antonio Vivar, quien perdió la vida minutos después”, señalaron los firmantes. El comunicado responsabiliza directamente a Enrique Galindo Cevallos, entonces comisario general de la Policía Federal, y a Enrique Peña Nieto, presidente en ese momento, por haber ordenado las acciones represivas en Tlapa.
En su denuncia pública, los familiares adviertieron que el caso no ha tenido ningún avance desde hace una década: “Las investigaciones se llevaron con sendas irregularidades; la Fiscalía de Guerrero perdió varios indicios valiosos como elementos balísticos recabados en el lugar del asesinato; ministerios públicos de la FGR omitieron realizar denuncias por tortura cometidas contra varias personas que ese día protestaban en la colonia El Tepeyac, al grado que fueron procesados por tales omisiones”.
Asimismo, subrayaron que la FGR mantiene la indagatoria en reserva, a pesar de que existen pruebas claras que apuntan a los policías que se encontraban dentro de la capilla como responsables del disparo. “Creímos que con la llegada de un gobierno progresista y las cuestionadas actuaciones y actos de corrupción de la extinta Policía Federal, el caso de Antonio tomaría otro rumbo y tendría justicia, pero a la fecha permanece en la impunidad”, lamentaron.
Ante esta situación, el Centro Tlachinollan y los familiares de Antonio Vivar exigieron públicamente que se aceleren las investigaciones y se sancione a los policías responsables; que se procese penalmente a Enrique Galindo Cevallos por comandar el operativo en el que se cometió el asesinato, y que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto por haber ordenado las acciones del 5 y 7 de junio de 2015 en Tlapa.
El comunicado concluye con un llamado al gobierno actual para romper con la cadena de impunidad y actuar conforme a la ley para que el crimen de Antonio Vivar Díaz no quede en el olvido, y para que la justicia llegue finalmente a su familia y a la comunidad que aún lo recuerda como un joven comprometido con las luchas sociales en Guerrero.
