La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó el dictamen de dos iniciativas que buscan tipificar la administración subrepticia de sustancias mediante “pinchazos” en espacios públicos, especialmente en el Metro de la Ciudad de México.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 26 de mayo de 2025.– En respuesta al incremento de denuncias por agresiones con jeringas o agujas en espacios públicos, especialmente dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó el dictamen de dos iniciativas que buscan reformar el Código Penal para el Distrito Federal y sancionar de manera específica los llamados “pinchazos”.
Las propuestas legislativas, impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), plantean la incorporación de nuevos capítulos en el Código Penal local, enfocados en la administración subrepticia de sustancias y la sumisión química por medio de objetos punzocortantes.
El presidente de la comisión, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), destacó que las denuncias recientes revelan un patrón de agresiones que buscan alterar el estado físico o mental de las víctimas mediante la introducción no consentida de sustancias químicas. Tras los pinchazos, las personas afectadas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación, lo que representa un grave riesgo para su integridad.
“El marco jurídico actual no contempla esta forma de violencia como un delito autónomo, lo que limita la actuación de las autoridades para investigar y sancionar estos hechos con eficacia”, explicó el legislador morenista. Por ello, consideró indispensable crear un tipo penal específico que permita robustecer la protección jurídica, orientar a las instituciones encargadas de la justicia y reafirmar el respeto a la autonomía corporal en los espacios públicos.
La iniciativa de Brugada Molina propone la adición de un nuevo capítulo denominado Administración subrepticia de sustancias dentro del Título Primero del Código Penal, en el apartado de delitos contra la vida, la integridad corporal y el acceso a una vida libre de violencia.
Por su parte, la propuesta de la diputada Larios Pérez plantea incluir un Capítulo II Bis en el Título Tercero del mismo Código Penal, bajo el concepto de Sumisión química por pinchazo, con el argumento de que esta forma de agresión, particularmente en el transporte público, fomenta un clima de miedo e impunidad.
Ambas iniciativas coinciden en que la falta de tipificación penal ha sido uno de los principales obstáculos para investigar y sancionar esta conducta de manera efectiva. Además, advierten la ausencia de protocolos institucionales claros para atender a las víctimas.
Durante la sesión, la diputada Yolanda García Ortega (PVEM) manifestó su respaldo a la propuesta, señalando que su grupo parlamentario presentó recientemente una iniciativa similar para tipificar la sumisión química mediante el suministro de bebidas adulteradas.
En la misma sesión, la comisión también aprobó el dictamen para modificar la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, con base en la propuesta del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Rafael Guerra Álvarez.
Dichas modificaciones ajustan los plazos de aplicación para diversas fracciones del artículo 1º de la declaratoria, tanto en materia civil como familiar, destacando que el nuevo marco procesal incidirá en cerca del 70% de los procedimientos judiciales que se instauran en el país.
El diputado Martínez Urincho subrayó la relevancia de esta reforma: “El acceso a la justicia es un derecho que tiene toda persona, independientemente de su condición económica, social o de género, para acudir ante las autoridades competentes y obtener la protección de sus derechos”.
Los cambios más destacados incluyen la aplicación, a partir del 1 de junio de 2026, de procedimientos en la jurisdicción voluntaria, providencias precautorias y procesos civiles orales, y desde el 15 de noviembre del mismo año, los juicios ordinarios, de apremio y sucesorios, tanto testamentarios como intestamentarios.