Home Defensa del Territorio CNDH otorga medidas cautelares contra actividades “no esenciales” de Tren Maya

CNDH otorga medidas cautelares contra actividades “no esenciales” de Tren Maya

Por Sididh

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Ciudad de México, 15 de mayo de 2020. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la contingencia por el COVID-19 solicitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) que suspendiera todas las actividades “no esenciales” relativas al proyecto denominado “Tren Maya” al considerar la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida de los habitantes de las regiones en donde avanza el proyecto.

La medida es resultado de una queja presentada el día 6 de mayo por diversas organizaciones, personas y colectivos que argumentaron que la continuación de las obras del llamado Tren maya en contexto actual de la pandemia del Covid-19 ponía en riesgo la salud, la integridad personal e incluso la vida de las comunidades afectadas por dicho proyecto. La queja también señalaba que continuar con esos trabajos impedía que las comunidades y pueblos participaran en las manifestaciones de impacto ambiental y social a la que todo megaproyecto debe someterse.

“Si bien las medidas no hacen referencia a la posible violación al derecho a un medioambiente sano, así como a las vulneraciones derivadas de la falta de consulta y consentimiento informado hacia las comunidades indígenas, sí evidencia la arbitrariedad con la cual el ejecutivo federal y específicamente FONATUR, han actuado al mantener, a toda costa y pasando por encima de los derechos de los pueblos, la implementación de un proyecto cuya sostenibilidad ha sido cuestionada por diversos sectores”, consideraron la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya`Ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” A.C., y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.

Las organizaciones consideran que es obligación del Ejecutivo federal acatar dichas medidas e iniciar, una vez terminada la fase de contingencia sanitaria, un diálogo verdadero con las comunidades afectadas por dicho proyecto.

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