Indígenas de Tsajalch’en, sobrevivientes de la Masacre de Acteal, enfrentan nuevos ataques armados y criminalización. Organizaciones exigen acción urgente del gobierno para garantizar su seguridad.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 16 de junio 2025.- La comunidad tsotsil de Tsajalch’en, en los Altos de Chiapas, vive bajo el temor constante a la violencia. El pasado 8 de junio, mientras habitantes –incluyendo niñas y niños– se reunían en el patio de la iglesia local, detonaciones de arma de fuego impactaron el lugar, obligándolos a esconderse. Aunque nadie resultó herido, el episodio revivió el trauma de décadas de impunidad.
Según un comunicado de Indigenous Peoples Rights International (IPRI México), difundido el 13 de junio, este ataque no es un hecho aislado, sino parte de una “continuidad de violencia y omisión del Estado mexicano”. Tsajalch’en, comunidad histórica fundadora de la organización Las Abejas de Acteal, fue también escenario de la masacre de 45 indígenas en 1997, crimen que permanece en la impunidad.
Desde 2021, los habitantes relatan que cada bala los traslada al horror de 1997. “Nos sumamos a las decenas de organizaciones que dicen: ¡Ya basta!”, declaró IPRI. La situación se agrava con la criminalización de autoridades indígenas, como el intento de detención contra un agente municipal -una de las cinco personas que fueron detenidas injustamente en 1992- por aplicar sistemas normativos internos contra un presunto narcomenudista, evidenciando un patrón de represión contra el ejercicio de sus sistemas normativos internos.
El Grupo Núcleo de IPRI denunció que el gobierno estatal, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, intentó judicializar su derecho a la autonomía, reconocido constitucionalmente. “Es una violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, señalaron.
Las organizaciones exigieron al gobierno federal, estatal y municipal una estrategia integral de seguridad no militarizada, con participación indígena, para frenar a grupos armados y delincuencia organizada: “Exigimos que el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con una amplia participación de la sociedad civil —especialmente de los pueblos indígenas—, diseñen una estrategia integral de seguridad no militarizada que contenga y atienda la operación de los grupos de la delincuencia organizada y los grupos armados”
También pidieron espacios de diálogo para la construcción de paz, con enfoque en derechos humanos y pertinencia cultural, respetando siempre los derechos colectivos de los pueblos indígenas.