El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Querétaro, acusa al Estado mexicano de criminalizar a defensores del agua, torturar a la activista Estela Hernández y manipular la información mediante medios afines al poder. Exigen justicia y vigilancia internacional.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 11 de junio 2025.- El Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, en Amealco, Querétaro, denunció este 10 de junio una escalada de violencia estatal contra su comunidad, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y una campaña mediática de estigmatización. En un comunicado, señalaron que estos hechos forman parte de una estrategia sistemática para silenciar la resistencia contra la privatización del agua y el despojo territorial.
Entre los casos más graves destacan la tortura física y sexual contra Estela Hernández, defensora ñhöñhö (otomí), quien fue agredida por policías estatales el 4 de junio durante un operativo ilegal en su comunidad. Según el testimonio documentado, al menos 10 agentes la golpearon, patearon sus genitales y le arrancaron ropa, mientras la insultaban con frases racistas como “pinches indios, eso es lo que quieren”. Además, le robaron $3,000 pesos y su credencial.
El operativo —realizado sin órdenes judiciales— dejó siete detenidos, entre ellos jóvenes capturados al salir de sus casas. El Concejo vinculó estos hechos con el “Plan de Orden” del gobernador Mauricio Kuri, que promueve tácticas represivas con entrenamiento de policías colombianos y estadounidenses. “Es un mensaje para que nos sometamos al autoritarismo”, acusaron.
El comunicado responsabilizó a medios como Publimetro, El Sol de San Juan y Diario de Querétaro de difundir versiones oficiales que justifican las agresiones y omiten la voz de las víctimas. Señalaron que estas plataformas reproducen lenguaje racista y estigmatizante, alineado con los intereses del gobierno y empresas saqueadoras de agua.
Como ejemplo, citaron notas que describieron las detenciones como “apegadas a protocolo” y afirmaron que los activistas “alteraron el orden público”, sin mencionar la tortura. “Los medios del poder nunca publican en nuestra lengua ni con nuestro permiso”, denunciaron.
El Concejo recordó que el 10 de junio de 2022, tres jóvenes otomíes fueron detenidos y agredidos por protestar contra la privatización del agua, mientras funcionarios como el alcalde FeliFer Macías celebraron la represión en redes sociales. También mencionaron el asesinato del defensor Samir Flores en Morelos, tras ser señalado por el presidente López Obrador.
El Concejo pidió el acompañamiento de Artículo 19 para documentar violaciones mediáticas, así como de redes internacionales de derechos humanos. Hicieron un llamado a vigilar los vínculos entre el gobierno, empresas y medios, y exigieron derecho de réplica para rectificar las notas difamatorias.