El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que agrupa a 70 comunidades, ha denunciado una campaña de calumnias, difamaciones y amenazas de muerte contra su vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán. Las comunidades responsabilizan directamente a partidos políticos y ayuntamientos que ven afectados sus intereses por el avance de los autogobiernos indígenas en Michoacán.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 19 de mayo 2025.- Las comunidades indígenas de Michoacán denunciaron amenazas de muerte y una campaña de difamación en contra del vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulíánov Guzmán. Los afectados responsabilizaron directamente a partidos políticos y ayuntamientos por lo que consideraron un ataque a la autonomía de los pueblos originarios.
Desde finales del mes pasado, una campaña sistemática en redes sociales se dedicó a difundir calumnias, injurias y difamaciones contra el CSIM y, en particular, contra Ulíánov Guzmán. Las comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, representadas por el CSIM que agrupa a 70 autoridades tradicionales, señalaron que esta operación financiada tenía como objetivo quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, presupuesto directo, autogobierno y autonomía.
El CSIM atribuyó la campaña a partidos políticos y ayuntamientos, quienes, según el consejo, veían amenazados sus intereses ante el auge de 45 autogobiernos que ya operan en Michoacán.
Paralelamente a la difamación, las amenazas de muerte contra Pavel Ulíánov Guzmán se incrementaron. El CSIM recordó que Ulíánov había sido amenazado desde 2016 con ser “desaparecido” si no cesaba su apoyo a los autogobiernos indígenas. En 2023, las intimidaciones se reiteraron, lo que llevó a su integración en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y a la presentación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
Recientemente, el vocero sufrió nuevos ataques, incluyendo actos de intimidación y hostigamiento, con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán también recordó que la familia Guzmán Cruz, a la que pertenece Pavel Guzmán, fue víctima de la desaparición forzada de cinco de sus integrantes entre 1974 y 1976, durante la “guerra sucia”. Este caso se encuentra actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Frente a esta situación, el CSIM exigió la toma inmediata de medidas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Pavel Ulíánov Guzmán, su familia y todos los integrantes del Consejo. Además, demandaron una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial sobre las difamaciones y amenazas, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente. Finalmente, pidieron que se pusiera fin a todo tipo de hostigamiento y violencia contra los miembros del CSIM y los defensores de derechos humanos en México.
La comunidad indígena de Nuevo Zirosto, Michoacán, a través de sus autoridades tradicionales, manifestó su total apoyo y solidaridad a Pavel Ulíánov Guzmán. La comunidad responsabilizó públicamente a Juan Calderón Castillejo, presidente municipal de Erongaricuaro, por las amenazas de desaparición forzada contra el vocero, declarándolo “persona no grata y traidor de los pueblos y comunidades indígenas”.
Nuevo Zirosto hizo responsable al Estado mexicano por la integridad física de Ulíánov Guzmán, defensor de derechos humanos y de las comunidades indígenas, exigiendo que se establecieran todas las medidas necesarias para su protección y se generaran las condiciones indispensables para el desarrollo de su trabajo comunal. La comunidad enfatizó que la labor de Ulíánov Guzmán había sido fundamental para la autonomía, la defensa del territorio y el rescate de la cultura indígena.
