Tras la rotura, el pasado viernes, de un dique de contención de residuos de una mina de hierro en el estado brasileño de Minas Gerais, se contabilizan ya 37 víctimas mortales y más de 280 desaparecidas a consecuencia de los más de 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que barrieron la región.
La organización Greenpeace denunció que los impactos del delito ambiental cometido por la empresa minera Vale aún se están evaluando y que será necesaria una amplia investigación para analizar su verdadera dimensión.
Nilo D’Ávila, director de Campañas de Greenpeace Brasil, aseguró que “no estamos hablando de un accidente, sino de un crimen contra las personas y la naturaleza. ¿Cuántas vidas se tienen aún que perder para que el estado brasileño y las empresas mineras aprendan de sus errores?”. Como ejemplo de esto D’Ávila detalló que en 2017 en Brasil solo el 3% de las más de 24.092 presas fueron analizadas por agencias de inspección para saber su estado.
Nilo D’Ávila exigió al gobierno de Brasil que se juzgue a Vale y a todos los responsables y que la población afectada sea escuchada en el proceso de toma de decisiones.
También solicitó que se cierren todas las represas clasificadas como de alto riesgo por el gobierno federal, que termine el deterioro del proceso de las autorizaciones ambientales y que se refuercen los controles.
La empresa Vale S.A es la responsable del colapso de otra represa minera en Mariana en 2015 y también en el estado de Minas Gerais, que mató a 19 personas, destruyó un río y acabó con el medio de vida de mucha gente.
Por lo que Greenpeace aseguró que la población brasileña y el medio ambiente están sufriendo, por segunda vez en tres años, las consecuencias de la avaricia económica de Vale, la complicidad de los políticos y la omisión e ineficiencia del Estado brasileño.