El presidente de Colombia acusa a las multinacionales de violar el decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel. Señala que el mineral es utilizado para fabricar armas y exige acciones legales contra sus directivos en Suiza y Colombia.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 17 de julio de 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que las empresas mineras Glencore, con sede en Suiza, y Drummond, de capital estadounidense y colombiano, han continuado con la exportación de carbón a Israel a pesar de que su gobierno emitió un decreto presidencial que prohíbe estos envíos. De acuerdo con Petro, el carbón colombiano es utilizado en la fabricación de armas que el ejército israelí emplea en sus ataques sobre Gaza, donde han muerto miles de civiles, entre ellos un gran número de niños.
El mandatario aseguró que el 60 por ciento del carbón utilizado por Israel proviene de estas dos compañías, a las que acusó de ser cómplices de crímenes de guerra. Por ello, solicitó que las autoridades judiciales de Suiza y Colombia inicien procesos legales contra los directivos de ambas empresas por lo que calificó como “ayuda al genocidio”.
Este señalamiento tuvo lugar poco después de la reunión del Grupo de La Haya, celebrada esta semana en Bogotá, donde representantes de doce países, entre ellos Colombia, Bolivia, Cuba, Sudáfrica y Nicaragua, firmaron una declaración conjunta que condena lo que denominaron la ocupación ilegal de Israel sobre territorios palestinos.
La declaración incluyó el compromiso de adoptar medidas concretas para frenar el conflicto, tales como la prohibición de transferencias de armas, municiones, combustibles y equipo militar a Israel, así como la negativa a permitir el tránsito de buques con estos insumos hacia puertos bajo su jurisdicción. Además, los países firmantes acordaron revisar sus contratos públicos para garantizar que no estén vinculados directa o indirectamente a la maquinaria de guerra desplegada en Gaza.
Durante el evento, el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, fue el encargado de presentar la declaración oficial y aseguró que el gobierno colombiano ya está revisando los contratos de exportación de carbón con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos. No obstante, reconoció que, a pesar del decreto presidencial, algunas empresas han continuado exportando carbón a Israel mediante vacíos legales, lo que ha llevado al gobierno a considerar la aplicación de sanciones más severas, tanto económicas como legales, contra las compañías que persistan en esta práctica.
Las empresas señaladas por Petro tienen una trayectoria marcada por controversias en Colombia. Glencore, con operaciones a gran escala en los departamentos de La Guajira y Cesar, ha sido objeto de duras críticas por su impacto ambiental y por las condiciones laborales en sus minas. Por su parte, Drummond ha sido acusada en múltiples ocasiones de mantener vínculos con grupos paramilitares y de estar implicada en la persecución y asesinato de líderes sindicales durante las décadas de 1990 y 2000. Estos antecedentes agravan las acusaciones actuales y colocan a ambas compañías en el centro del debate sobre la responsabilidad empresarial en contextos de guerra.
La decisión del presidente Petro de prohibir la exportación de carbón a Israel y de denunciar públicamente a estas multinacionales podría tener implicaciones profundas tanto en el comercio internacional como en la política exterior colombiana.
Aunque el gobierno israelí no ha emitido aún una respuesta oficial, analistas prevén que podría tomar medidas económicas o diplomáticas si otros países de América Latina adoptan posturas similares. En paralelo, se espera que organizaciones internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional analicen las acusaciones, sobre todo ante la creciente preocupación global por la posibilidad de que Israel esté cometiendo actos de genocidio en Gaza.
Petro anunció que su gobierno continuará con la revisión de los contratos de exportación de carbón y presentará ante las autoridades judiciales las pruebas que, según él, confirman que Glencore y Drummond han violado el decreto. También expresó su esperanza de que las autoridades suizas investiguen a Glencore, en línea con el historial de ese país en el combate a delitos de lesa humanidad.
