Por Max González Reyes
La relación que tiene México con Estados Unidos siempre ha sido compleja. Desde el mismo momento en que nuestro país se volvió independiente la relación ha tenido momentos tensos. No obstante que en apariencia han mantenido una buena vecindad, lo cierto es que han existido momentos donde ésta ha estado al borde de la ruptura. Esa colaboración pareció relajarse durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. Sin embargo, con el paso de los años, ese Tratado comenzó a tener fracturas a tal grado que desde el final del sexenio de Enrique Peña Nieto está en proceso de renegociación.
Si bien es cierto que el tema de la migración estuvo presente desde el mismo proceso de negociación del TLCAN en 1994 (de hecho el gobierno norteamericano no aceptó que el libre tránsito de personas se incluyera en el Tratado), con el paso de los años el tema cada vez fue cobrando mayor fuerza pues en un principio se hablaba de la migración básicamente mexicana, pero a ella se le agregó la migración centroamericana, que forzosamente tiene que pasar por territorio mexicano para llegar al llamado “paraíso norteamericano”.
Con el arribo del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus posturas antiinmigrantes, el tema se puso en el centro mismo de las relaciones México-Estados Unidos. No obstante, el actual gobierno federal protegió a integrantes provenientes de Centroamérica que habían conformado una primera caravana para que llegaran a la frontera con Estados Unidos. Posteriormente se conformaron más caravanas, lo cual provocó una crisis en los estados de la frontera sur de México, a tal grado que cada vez fue más difícil controlar el número de migrantes. De manera paralela, el Gobierno mexicano mantenía las negociaciones del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, lo cual concluyó con la sustitución del TLCAN por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), tratado que está en proceso de ratificación por los congresos de los tres países.
Sin embargo, el 30 de mayo el Presidente Donald Trump acusó al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de migrantes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala que emprendieron su viaje hacia Estados Unidos para solicitar asilo. Y también amenazó a México de imponer un 5 por ciento de aranceles a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio hasta que finalizara el flujo de migración irregular.
Frente a ello, el gobierno de López Obrador mandó al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a detener esa amenaza del Presidente Trump. Ebrard llegó a Washington el viernes 31 de mayo pero no fue sino hasta el 5 de junio que fue atendido por autoridades norteamericanas, lo cual refleja el desdén de ese país a su vecino del sur. Asimismo, en gira por Europa, Trump repitió una y otra vez que aplicaría el 5 por ciento de impuesto a los productos mexicanos.
Finalmente, después de tres días de negociación, en la que los norteamericanos no cedían, la comisión mexicana encabezada por Ebrard, logró que se detuviera el impuesto previsto para el 10 de junio. A cambio de ello, el gobierno mexicano se comprometió a fortalecer la aplicación de su ley migratoria, priorizar el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y trabajar para desmantelar organizaciones de traficantes de personas, sus redes de financiamiento y de transporte. El acuerdo alcanzado también plantea que México acepte a los migrantes que Estados Unidos retorne “sin demora” una vez que soliciten asilo a ese país y tengan que esperar la resolución de su trámite.
Si bien es cierto, esta medida resolvió de momento la crisis en la relación México-Estados Unidos, esto no significa que el tema esté salvado, pues el acuerdo señala que si en 45 días, nuestro país no cumple con lo establecido, se volverá aplicar la medida, ello sin contar las constantes amenazas que ha lanzado el Presidente Trump.
El gobierno mexicano tiene ahora un panorama complicado pues se comprometió a reforzar las medidas migratorias en la frontera sur, los cual no resulta fácil pues esa franja ha sido porosa por muchos años a la migración centroamericana. A raíz de este acuerdo el Gobierno Federal está echando mano de la recién creada Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes, a costa, quizá, de descuidar otras zonas del país.
De momento el gobierno mexicano salió relativamente bien librado, pero este es apenas el primer round de una larga pelea con el gobierno norteamericano. Por lo pronto tiene pocos días para blindar la frontera sur. Es seguro que el Presidente Trump no soltará el tema y cada vez que pueda soltará twits en las redes sociales (como lo suele hacer frecuentemente) descalificando la política migratoria de México.
Sin duda este es el primer gran tema internacional al que se ha enfrentado la actual administración, pues el tema ha provocado diversas reacciones al interior de Morena, grupo mayoritario en el Congreso. Veremos cómo lo sortea. La moneda sigue en el aire.