Organizaciones no gubernamentales (ONGs), exigieron al estado mexicano garantizar la seguridad de las comunidades en Chiapas que viven a merced de grupos criminales que buscan el control de la región.
Por Abraham Reyes García/ @Abraham_ReyesG
Mediante un comunicado emitido el día 14 de septiembre de 2023 en el portal de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) organizaciones no gubernamentales (ONGs) hicieron un llamado para la asegurar la vida e integridad frente al control de grupos criminales en las comunidades de Chiapas ubicadas en la frontera entre México y Guatemala.
En el comunicado firmado por la, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y la Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja, demandaron que a más de tres meses de enfrentamientos armados por parte de grupos criminales “no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil” en las comunidades de Nueva Independencia, y comunidades vecinas del municipio de frontera Comalapa.
Mencionaron que a raíz del asesinato de una persona vinculada a la delincuencia organizada el pasado junio de 2021, iniciaron fuertes enfrentamientos por parte de grupos criminales antagónicos por el control de la región, la cual es utilizada como un corredor para el tráfico de estupefacientes, y que como consecuencia ha expuesto a la población que habita en la zona al peligro inminente.
“Las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas”.
Estos enfrentamientos han causado el desplazamiento forzado de cerca de tres mil quinientas personas en busca de seguridad para ellos y para su familia. Y que además, la constante inseguridad en la zona ya ha cobrado la vida de personas como por ejemplo el de un adolescente de 14 años muerto por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su casa.
También, mencionaron que la violencia se está expandiendo a otras regiones como Chicomuselo y La Trinitaria donde grupos delictivos han cobrado presencia, esto se ha hecho evidente mediante bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre estos grupos. Todo ello pasa en una total omisión por parte del gobierno federal y el gobierno de Chiapas.
Las consecuencias a las que la población de estas comunidades se enfrenta también se han hecho presentes ya que se ha visto un incremento en el narcomenudeo y consumo de drogas, la trata de personas y el reclutamiento de jóvenes como halcones.
El llamado de alerta es para que el Estado tome cartas en el asunto para la garantizar la protección de los pobladores de esta región los cuales se encuentran entre el fuego cruzado de la guerra de estos grupos, y que tienen que vivir entre la violencia, el desplazamiento forzado, la obstaculización del transporte de productos básicos que limita su derecho a la alimentación.
“El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
Es por ello que exigieron un pliego petitorio al gobierno mexicano para mejorar las condiciones de vida y poder habitar estos territorios donde se les garantice la integridad y la seguridad:
- Una investigación imparcial y profunda por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Fiscalía General de la República sobre los hechos de “la guerra de los 4 días” en el municipio de Frontera Comalapa, así como de los mecanismos de control poblacional y del territorio de la Región Frontera por parte de estos grupos de delincuencia organizada, que desde el 2021 mantienen amenazada y sometida a su población.
- El cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, reconociéndoles su estatus de víctimas.
- Una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo.
- Que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.
- Que los Gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en el municipio de Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas.
- Que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, y particularmente en la Región Frontera.