México debe liberar e indemnizar a los condenados, dictamina el Grupo de Trabajo de la ONU, que halló irregularidades en el proceso judicial.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 12 de junio 2025.- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria determinó que la detención y condena a 25 años de prisión de cinco activistas indígenas en Chiapas violó el derecho internacional, por lo que urgió al Estado mexicano a liberarlos y reparar los daños. La decisión, adoptada el 4 de abril pero difundida esta semana, señala que el caso contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los afectados —Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco, indígenas del pueblo tseltal— fueron arrestados en 2022 por el homicidio de una persona en San Juan Cancuc, un municipio con tensiones históricas por conflictos territoriales. Según el informe, las autoridades incurrieron en irregularidades procesales, como no presentarlos ante un juez de manera inmediata y reportar desaparición forzada temporal de algunos detenidos.
El Grupo de Trabajo, presidido por la exjueza ucraniana Ganna Yudkivska, exigió en su resolución no vinculante que México “libere a los cinco inmediatamente” y les otorgue indemnización y reparación integral, además de investigar a los responsables de las violaciones. El gobierno tiene la obligación de responder a la ONU, aunque no está obligado a acatar el fallo.
Los activistas condenados formaban parte de movimientos locales que se oponen a proyectos de infraestructura, como un tramo de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque, y a la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército en la zona. Santiz Cruz, presidente de un comité de derechos humanos en la región, había liderado protestas por la defensa de la tierra.
El caso se remonta a mayo-junio de 2022, cuando los cinco fueron acusados de participar en la muerte de un hombre que, según versiones locales, fue golpeado por pobladores al no pagar una “multa” exigida para ingresar a la comunidad. En 2023, un tribunal los sentenció a 25 años de prisión, pena que se ratificó en abril de 2024 tras un segundo juicio.
Organizaciones como Indigenous Peoples Rights International respaldaron el fallo de la ONU, recordando que México es uno de los países más peligrosos para activistas indígenas. Datos de Global Witness ubican al país como el más letal para defensores ambientales y territoriales en América Latina.
De acuerdo con el comunicado, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, pero la resolución aumenta la presión internacional. Organismos civiles exigen que se revise el proceso judicial, marcado, según la ONU, por “prejuicios raciales y falta de garantías”.