Salud Justa MX, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica demandan transparencia e independencia judicial ante la próxima elección de la Suprema Corte.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 20 de mayo 2025.- En el marco de la conferencia “La justicia no se negocia: llamado desde la sociedad civil a quienes aspiran a la SCJN”, organizaciones como Salud Justa MX, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica urgieron a los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —que se elegirán el 1 de junio de 2025— a garantizar la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social, por encima de intereses corporativos.
El evento, realizado en el Gran Hotel Ciudad de México, reunió a expertos como Isabel Rubio (abogada en justicia y salud), Claudia Moreno (Salud Justa MX), Larisa de Orbe (Acción Ecológica) y Javier Zúñiga (El Poder del Consumidor), quienes alertaron sobre el lobby de industrias como tabacaleras, refresqueras y plásticos para frenar políticas públicas.
Durante la conferencia, se reconoció el papel de la SCJN en algunas cuestiones favorables a la salud pública, como el etiquetado frontal de advertencia y la regulación del tabaco. Sin embargo, también se alertó sobre la persistente amenaza de litigios y estrategias legales impulsadas por corporaciones para revertir políticas de protección a la salud y el medio ambiente, acciones que en ocasiones han encontrado eco en decisiones de distintos ministros, vulnerando derechos fundamentales.
Claves del llamado: Independencia judicial y evidencia científica
Los ponentes destacaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe:
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Evitar conflictos de interés con corporaciones.
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Basarse en evidencia científica para resolver casos críticos, como el etiquetado frontal de alimentos o la prohibición de plásticos.
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Garantizar transparencia y participación ciudadana, en línea con tratados como el Acuerdo de Escazú.
Javier Zúñiga ejemplificó con la batalla legal del etiquetado frontal de advertencia (2020), donde tras 160 amparos de la industria, la Corte falló a favor de la salud pública. “El poder judicial debe ser independiente no solo del poder político, sino del económico”, subrayó. Por otra parte, enfatizó la necesidad de que, en su labor jurisdiccional, se escuche a la sociedad civil, se recurra a evidencia científica sin conflicto de interés y no se anteponga la salud pública a los intereses empresariales.
Por su parte, Claudia Moreno denunció las estrategias de la industria tabacalera para evadir regulaciones, incluyendo la promoción de amparos contra espacios libres de humo y la prohibición de publicidad y vapeadores. Destacó que la decisión final en muchos de estos casos recae en la SCJN, por lo que es vital asegurar la elección de ministros sin conflictos de interés y con plena independencia.
Por último, Larisa de Orbe advirtió sobre el impacto tóxico de los plásticos y la urgencia de resolver casos ambientales con perspectiva de derechos humanos. Abordó la grave crisis ambiental generada por los plásticos y la interferencia de las corporaciones involucradas en toda su cadena de producción. Urgió al nuevo poder judicial a estar preparado para enfrentar esta interferencia, basando sus decisiones en la protección de los derechos humanos, la salud y el interés común desde una perspectiva de justicia ambiental y transparencia, tal como lo mandata el Acuerdo de Escazú.
De Orbe también denunció la regresión en materia ambiental, ejemplificando con la extinción del fondo para el cambio climático y el fallo de la SCJN a favor de empresas refresqueras en el caso de la prohibición del PET en Oaxaca. “La SCJN no puede ser cómplice de regresiones en derechos. Su deber es proteger a la población, no a las élites”, concluyó De Orbe.
