Organizaciones de la sociedad civil exigen a las autoridades a nivel estatal y federal que garanticen el derecho de las comunidades indígenas a gozar de entorno seguro para realizar su labor de defensa, ante las agresiones y estigmatización en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Por Redacción/ @Somoselmedio
Por está razón las comunidades ayuuk se han movilizado en la zona de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, en resistencia contra la imposición del CIIT y han sostenido un bloqueo permanente de las vías férreas en el tramo Mogoñe Viejo-Vixidu durante 28 días.
En un comunicado las organizaciones explicaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa del 21 de marzo, señaló a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y a Carlos Beas, defensor de los derechos humanos, estigmatizando y deslegitimando su lucha por los derechos de las comunidades indígenas.
Las agresiones han sido cometidas principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz y, en su mayoría, contra personas de pueblos o comunidades indígenas. Quienes cometen las agresiones son principalmente integrantes de las fuerzas públicas, trabajadores de empresas y miembros del crimen organizado. Esta situación ha violentado los derechos humanos de los pueblos ayuuk, entre otros pueblos indígenas y equiparables.
El proyecto del CIIT pretende desarrollar un corredor comercial-industrial en el Istmo de Tehuantepec enlazando los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz y Salina Cruz, en Oaxaca. Contempla la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la construcción de puertos comerciales, una red de carreteras primarias y secundarias, redes de conectividad digital, un gasoducto, así como diez polos de desarrollo.
Las organizaciones han denunciado que esté megaproyecto tendrá un impacto directo en, al menos, 79 municipios (33 veracruzanos y 46 oaxaqueños) y modificará de forma definitiva los territorios y las formas de vida de los doce pueblos indígenas que habitan en la zona. También ocasionará severos daños al medio ambiente.
Por lo que las organizaciones de la sociedad civil exigen a los distintos órdenes de gobierno que garanticen el derecho de las comunidades indígenas y equiparables a gozar de un entorno seguro para realizar su labor de defensa, como mandata el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.