María del Refugio Martínez, directora de Péndulo Informativo, es blanco de persecución penal tras investigar irregularidades en la Fiscalía General del Estado, a pesar de haber sido absuelta previamente.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 23 de julio 2025.- La periodista María del Refugio Martínez Guardado, directora del medio Péndulo Informativo, enfrenta un intento de criminalización por parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA), en lo que organizaciones defensoras de la prensa calificaron como represalia por sus investigaciones sobre corrupción e inacción dentro de la institución.
El 17 de julio, Martínez Guardado fue citada nuevamente como imputada bajo la carpeta de investigación 0751/2022, misma que había sido resuelta a su favor en 2023 por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La reactivación del caso coincide con la publicación de notas críticas de la periodista hacia la actual administración de la FGEA, encabezada por el fiscal Manuel Alonso García, cercano a Rodolfo Franco, exsocio de la comunicadora y denunciado por ella por acoso sexual y amenazas con arma de fuego.
“Alertamos sobre el uso indebido del sistema penal para silenciar el periodismo crítico”, señaló en un comunicado difundido el día de hoy, la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), exigiendo el cese del hostigamiento contra Martínez Guardado.
En 2022, la periodista denunció a Franco por hostigamiento sexual y amenazas con arma de fuego (carpetas 2422/2022 y 4737/2022), pero la Fiscalía no avanzó en las investigaciones. En cambio, Franco presentó una denuncia penal contra ella, que fue desestimada por falta de méritos. Sin embargo, tras las recientes publicaciones de Péndulo Informativo cuestionando la gestión de Alonso García, el caso fue reabierto irregularmente.
“Es evidente que buscan intimidarla por exponer actos de corrupción”, denunció CIMAC, recordando que en enero de 2025 un tribunal ordenó investigar las agresiones contra la periodista, mandato que la FGEA ignoró.
Organizaciones nacionales e internacionales documentaron el aumento de la violencia judicial contra periodistas en México, donde el sistema penal se usa frecuentemente para obstaculizar su trabajo. Martínez Guardado es uno de los casos más recientes en Aguascalientes, estado con un historial de ataques a la prensa.
“Exigimos que se respete su derecho a informar sin represalias y que se investiguen las amenazas en su contra, tal como ordenó la sentencia”, insistió CIMAC.