Artículo 19 denunció que la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso busca facultar al Ejército para espiar comunicaciones sin supervisión judicial, lo que amenaza la privacidad y derechos de periodistas, activistas y ciudadanos.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 20 de junio 2025.- La organización Artículo 19, advirtió el pasado jueves mediante un comunicado que, la iniciativa de reforma a la Ley de la Guardia Nacional, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, busca “legalizar la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército”, una práctica que, según documentaron, ya se ha realizado “ilegalmente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos e incluso funcionarios públicos”.
La organización también señaló que la reforma —presentada ante la Comisión Permanente del Congreso— otorgaría a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) facultades para “procesar y usar información para actividades de inteligencia” bajo el argumento de “seguridad nacional”, sin establecer “controles o salvaguardas” que limiten estos poderes. El artículo 29 de la iniciativa modificaría la Ley Orgánica de la Administración Pública, abriendo la puerta a un espionaje militar sin supervisión.
Aunque la actual Ley de la Guardia Nacional ya carece de mecanismos robustos para regular actividades de inteligencia, la propuesta “no sólo no los incorpora, sino que representa un retroceso”, criticó Artículo 19. Un ejemplo es el artículo 9, fracción XXVI, que genera “confusión” sobre si la Guardia Nacional requiere autorización judicial para acceder a datos de telecomunicaciones o geolocalización en tiempo real.
La reforma forma parte de un conjunto de iniciativas que, en conjunto, “configuran un panorama peligroso para los derechos humanos”. Entre ellas destacan:
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitiría interconectar bases de datos públicas y privadas sin controles, la Ley de Telecomunicaciones, que impondría el registro obligatorio de usuarios de telefonía y la retención de datos, incluida la geolocalización, y Reformas a la Ley General de Población, que establecerían la CURP biométrica como requisito para acceder a servicios públicos y privados.
Artículo 19 subrayó que estas propuestas llegan en un momento de “debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales”. La organización alertó que, de aprobarse, se “expondría gravemente la intimidad de la población” y se incrementarían los riesgos de violaciones a derechos humanos.
Por último, la organización exigió al Congreso rechazar las reformas y analizarlas desde “una perspectiva de derechos humanos”. Asimismo, convocó a la sociedad a “resistir estos intentos de vigilancia masiva” y demandar “transparencia, rendición de cuentas y garantías de no repetición”.