Tras una audiencia en Tlaxcalancingo, un juez determinó no vincular a proceso a Renato Romero Camacho, líder de la lucha contra el despojo de agua en la Cuenca Libres-Oriental. Colectivos celebran la decisión como un triunfo contra la criminalización de defensores ambientales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 8 de julio 2025.- Este lunes 7 de julio de 2025, el defensor del agua, Renato Romero Camacho, fue declarado libre por un juez de la Casa de Justicia de Tlaxcalancingo, Puebla, tras revocar su vinculación a proceso y las medidas cautelares impuestas en su contra. La resolución marca un revés para la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla), que lo acusaba de daños a infraestructura durante protestas en San Miguel Xoxtla.
“Soy inocente, lo dije siempre”, declaró Romero al salir de la audiencia. “Hoy se lo demostramos en su propio terreno. Me han desvinculado a proceso, pero la empresa puede volver a intentar imputarme. Si lo hacen, pondremos en evidencia sus ilegalidades”, añadió el campesino de Ocotepec, líder del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental.
La detención de Romero, ocurrida el 1 de julio cuando se dirigía a una asamblea en Nealtican, había generado indignación entre organizaciones sociales. Colectivos denunciaron irregularidades en su aprehensión —incluyendo lesiones visibles— y señalaron que su caso era un intento de criminalizar la resistencia contra la privatización del agua en la región.
El abogado defensor, Tonatiuh Sarabia, destacó que el fallo fue resultado de la presión social: “Esta victoria no es solo jurídica. Es consecuencia de la lucha organizada: movimientos sociales, medios comprometidos, defensores de derechos humanos y hasta artistas. Solo así frenamos el saqueo del capital”.
La audiencia revivió el debate sobre el conflicto por el agua en Puebla, donde comunidades acusan a Concesiones Integrales de operar con opacidad en la gestión de pozos. Romero fue acusado de participar en un incidente del 28 de mayo, donde presuntamente se dañaron tuberías de la empresa. Sin embargo, la defensa argumentó falta de pruebas y motivación política en el caso.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Sierra Oriental celebraron la resolución, pero advirtieron que la empresa podría reactivar el proceso. “Es un alivio, pero seguiremos alertas. La criminalización de defensores no puede normalizarse“, afirmó una portavoz.
