Después de una larga batalla legal, el sargento del ejército mexicano que violó y torturó a Inés Fernández Ortega ha sido condenado a 20 años de prisión y destitución del cargo, una victoria para la lucha de las mujeres indígenas en México.
Por Redacción / @Somoselmedio
El sargento segundo de infantería del ejército mexicano, Hugo Humberto García de León, fue condenado a 20 años de prisión y destituido del cargo por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada cometidos contra Inés Fernández Ortega, una indígena Me´phaa de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres Guerrero.
El 22 de marzo de 2002, militares irrumpieron en casa de Inés Fernández Ortega y la interrogaron con violencia, golpeándola y violándola. Después de años de búsqueda de justicia, Inés acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana, quienes dictaron sentencia contra el Estado mexicano por violar sus derechos y los de su familia.
Durante estos 21 años de lucha, Inés ha enfrentado múltiples actos de discriminación por su etnicidad, vulnerabilidad económica y género. Continuó luchando y buscando proteger a sus siete hijos, a pesar de la burla y el acoso que recibió. La osadía de Inés le costó la vida a su hermano Lorenzo por lo que la corte interamericana le otorgó medidas provisionales ante los riesgos inminentes de ser privada de la vida junto con su familia.
Para el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la sentencia emitida por el Juez Segundo de Distrito le da la razón a Inés y reivindica su palabra. Esta resolución incorpora los principios para juzgar con perspectiva de género, para valoración en su justa dimensión las pruebas en casos de violencia contra las mujeres, toma en cuenta la intersección de discriminaciones que sufre la mujer indígena y las relaciones asimétricas que existen frente a las autoridades militares que las agreden.
Sin embargo, las organizaciones aseguran que la ausencia de justicia contra los perpetradores es una real amenaza contra las mujeres indígenas que siguen en total indefensión. “El control territorial impuesto por el ejército, como parte de su estrategia de contrainsurgencia, somete a las comunidades indígenas que se organizan de manera autónoma, representando una amenaza contra las mujeres.”
Para Tlachinollan y el Prodh, la sentencia es un primer paso hacia la justicia, pero aún queda mucho por hacer para garantizar la protección de los derechos de las mujeres indígenas.
“La lucha de Inés Fernández demuestra la importancia de seguir luchando por la justicia y la igualdad de derechos para todas las personas.”