Organizaciones sociales de la Costa-Istmo exigen alto a la mercantilización de tierras y la persecución de defensores territoriales, señalando complicidad de autoridades.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 10 de junio 2025.- El “Foro por la Defensa del Territorio y Derechos Agrarios de Comunidades y Campesinos de la Costa Oaxaqueña”, realizado el pasado 7 de junio de 2025 en Playa Salchi, San Pedro Pochutla, denunciaron el “despojo” de tierras y la privatización de playas en la región Costa-Istmo. Catorce organizaciones sociales informaron sobre el avance de la industria turística e inmobiliaria, respaldada, según afirman, por una red de intereses empresariales, políticos y criminales que opera con la complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales.
Bajo el lema “¡Nuestras tierras y nuestras playas no se venden, se cuidan, se defienden y se liberan!”, el foro señaló que este proceso, enmarcado en políticas neoliberales desde la década de 1980, busca convertir la propiedad social (comunal y ejidal) en propiedad privada, facilitando la inversión y reproducción del capital. Programas como el PROCEDE, FANAR y RRAJA son señalados como instrumentos legales que han posibilitado la privatización de ejidos y comunidades.
Las comunidades asistentes denunciaron casos específicos de despojo y persecución. Entre ellos, el intento de despojar de sus tierras al campesino indígena Miguel Sánchez Hernández en Salchi, Cuatunalco, a manos de individuos identificados como integrantes del “Cártel del Despojo y el Cártel del Saneamiento Financiero”, quienes presuntamente actuaron con violencia y amenazas. Se exige la investigación de Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Alfonso Esparza y Jesús Reyes (alias “Chucho Reyes”) en este caso, así como medidas de protección para Miguel Sánchez Hernández y su familia. Asimismo, se clamó por justicia para Abraham Hernández González, asesinado hace siete años mientras defendía las tierras de Playa Salchi, con un llamado a acelerar las investigaciones.
El foro también denunció la persecución judicial contra defensores de territorios playeros como Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortensia Chávez y Noé López Rojas, en Playa San Agustín y El Coyote, Santa María Huatulco. Atribuyen esta criminalización a un empresario inmobiliario en complicidad con jueces y la fiscalía regional. De igual forma, se exige el cese de la persecución judicial y mediática contra 21 integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul en San Pedro Huamelula, quienes denuncian ser víctimas de despojo por parte de otros actores que buscan confundir a la opinión pública.
Las organizaciones participantes exigieron el alto a la privatización de playas, el cierre de accesos públicos y la destrucción de ecosistemas por megaproyectos inmobiliarios. Demandaron una investigación y castigo para funcionarios, empresarios y notarios involucrados en la venta ilegal de tierras y playas, y se pronunciaron por la verdad y justicia para las víctimas de esta lucha.
Además de las demandas territoriales, el foro expresó su solidaridad con la CNTE en su lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, con la comunidad indígena de San Lucas Atoyaquillo, Santiago Ixtayutla, y con el pueblo palestino ante el genocidio.
Finalmente, se hizo un llamado a todas las comunidades y organizaciones a unirse a esta lucha, reiterando que “La defensa de la tierra no es delito: es un derecho y un deber”. También se extendió una invitación al Encuentro Nacional contra la Gentrificación a realizarse en julio de 2025 en Oaxaca, convocado por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio.
