En sus observaciones finales publicadas este 7 de julio, el Comité de la ONU señaló la falta de atención y protección a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, así como a víctimas de amenazas, desaparición o asesinato, denunciando la ausencia de un diálogo seguro y medidas efectivas para garantizar sus derechos.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 7 de julio de 2025.— El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) publicó este lunes sus observaciones finales sobre México, en las que expresó una profunda preocupación por la situación de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, así como por las víctimas de amenazas, desaparición o asesinato, quienes enfrentan un contexto de violencia sistemática y abandono institucional.
En el informe, resultado de la evaluación al décimo informe periódico del Estado mexicano, el Comité advierte sobre la falta de atención diferenciada y protección adecuada para las mujeres que realizan labores de búsqueda, quienes —en su mayoría madres, esposas o hijas— sufren violencia, discriminación y revictimización al exigir justicia y verdad.
“La violencia y discriminación que enfrentan las mujeres buscadoras constituye una forma de persecución de género que refuerza estructuras patriarcales”, enfatizó el documento. Además, alertó que las autoridades suelen minimizar su trabajo y negarles acceso a mecanismos de protección, a pesar de los crecientes riesgos que enfrentan en el contexto de violencia generalizada y desapariciones forzadas.
Uno de los señalamientos más duros es la ausencia de un diálogo seguro y efectivo entre las autoridades y las mujeres buscadoras, quienes son descalificadas o invisibilizadas en los espacios institucionales. Según el Comité, esto refuerza los estereotipos de género que cuestionan su credibilidad y capacidad para participar en procesos de justicia y memoria.
Ante este panorama, la CEDAW recomendó a México reconocer formalmente a las buscadoras como defensoras de derechos humanos, establecer estándares nacionales de protección y garantizar su inclusión en procesos de búsqueda, memoria y reparación. Además, pidió que se desarrollen programas integrales de atención psicosocial y salud mental, que respondan a las secuelas del largo proceso de búsqueda y al dolor por la incertidumbre que enfrentan.
El Comité también denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pese a contar con acreditación internacional, tiene una limitada capacidad para proteger a las mujeres víctimas de desaparición, amenazas o asesinato, y que no existen protocolos adecuados para atender sus necesidades específicas.
Por ello, recomendó fortalecer la independencia y capacidad técnica de la CNDH, dotándola de recursos suficientes y estableciendo unidades especializadas que atiendan a mujeres buscadoras y víctimas de violencia extrema.
El informe también abordó otras problemáticas como la violencia feminicida, la criminalización de defensoras y periodistas, las brechas en acceso a la justicia, los obstáculos para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y la falta de datos desagregados sobre violencia contra mujeres indígenas, afrodescendientes, LBTI, migrantes y con discapacidad.
Finalmente, el Comité pidió a México presentar en dos años un informe sobre las medidas adoptadas para proteger a las buscadoras y garantizar su seguridad, así como sobre la reparación integral a víctimas de violencia de género.
