Pese a su cancelación en 2019 por falta de permisos y oposición de 19 ejidos, comunidades de Jiménez del Teúl denuncian que gobiernos federal, estatal y municipal han reiniciado acciones ocultas para imponer la presa Milpillas. Acusan simulación, coacción y corrupción.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Zacatecas, México | 17 de julio de 2025.- El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, junto con comunidades de Zacatecas y organizaciones como la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), denunciaron que autoridades de los tres niveles de gobierno están llevando a cabo reuniones privadas y sin convocatoria pública para reactivar la imposición del proyecto Presa Milpillas, suspendido oficialmente desde 2019.
La denuncia se hizo pública mediante un comunicado donde se detalla que, desde hace semanas, funcionarios estatales y federales —incluidos representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Zacatecas (SAMA) y autoridades municipales de Jiménez del Teúl— han sostenido encuentros a puerta cerrada para “diseñar estrategias de persuasión y control social”, con el objetivo de revivir el megaproyecto.
Uno de estos encuentros ocurrió el pasado 15 de julio en el salón de Cabildo de la presidencia municipal de Jiménez del Teúl. La reunión se realizó sin anuncio previo, sin convocatoria abierta y en presencia de un fuerte dispositivo de seguridad, lo cual generó sospechas entre los habitantes. Según los testimonios recabados, las autoridades pretenden implementar tácticas de presión, incluyendo la entrega condicionada de apoyos como despensas, obras públicas y electrificación, para forzar la aceptación del proyecto entre la población.
“Estas reuniones son una simulación. El hecho de no convocar a la población en general tiene la finalidad de invisibilizar el rechazo que, como comunidades afectadas, hemos expresado durante casi diez años”, señalaron en el comunicado.
El origen del conflicto: un megaproyecto con rostro de despojo
La Presa Milpillas fue anunciada oficialmente en 2015 por el entonces gobernador Miguel Alonso Reyes como la solución a la escasez de agua en el corredor urbano-industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe. El megaproyecto contempla una cortina de 88 metros de altura y un acueducto de 166 kilómetros que extraería agua del río Atenco —en el municipio de Jiménez del Teúl— para abastecer a la zona conurbada.
El plan, sin embargo, ha sido ampliamente rechazado por al menos 19 ejidos, incluidos Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, que denuncian que la presa destruiría sus ecosistemas, agravaría el estrés hídrico y abriría la puerta a la explotación del agua por parte de empresas mineras y cerveceras. El acueducto pasaría cerca de proyectos extractivos de Grupo Peñoles, Fresnillo PLC y Grupo Modelo, empresas que han mostrado interés en beneficiarse del agua.
En su primera propuesta, el costo del proyecto ascendía a más de 6 mil millones de pesos. Expertos como el investigador Darcy Tetreault señalaron su inviabilidad técnica, económica y ambiental. En su análisis sobre la factibilidad del proyecto, Tetreault advirtió que los costos energéticos para bombear el agua hasta la capital serían insostenibles y que no existe evidencia científica que respalde la promesa de recuperación de los acuíferos locales.
Cancelación oficial y lucha comunitaria
En 2019, la Conagua canceló oficialmente la inversión de 504 millones de pesos destinados al proyecto, argumentando el incumplimiento del convenio de coordinación firmado en 2018 entre el gobierno federal y el estatal. Las razones incluyeron la falta de indemnización a los ejidos, la ausencia de permisos ambientales y la no liberación de terrenos.
A pesar de ello, las comunidades no bajaron la guardia. Durante años, han sostenido una lucha organizada basada en la defensa del territorio, el derecho a la libre determinación y la resistencia pacífica. En entrevistas anteriores, ejidatarios señalaron que este triunfo no fue producto del gobierno, sino de la movilización y articulación comunitaria.
Nuevas amenazas, viejas prácticas
La reactivación encubierta del proyecto ha encendido las alarmas. El movimiento denuncia que las visitas actuales de dependencias gubernamentales a las comunidades se están utilizando para ofrecer apoyos condicionados a cambio de la aceptación del proyecto, lo cual consideran una forma de coacción ilegal.
“Un proyecto en el que la aprobación social se obtiene bajo presión no sólo es ilegítimo, es ilegal”, afirman en su posicionamiento.
Los habitantes exigieron que se respete su decisión colectiva de rechazar el proyecto y advierten que no permitirán la transformación de su territorio en otra “zona de sacrificio”. Subrayan que el desarrollo no puede imponerse desde arriba y en favor de intereses empresariales, sino construirse desde la base y con respeto a los derechos humanos y agrarios.
Una lucha por el agua, por la vida y por la dignidad
A una década del inicio del megaproyecto, la resistencia de los pueblos de Zacatecas sigue en pie. La Presa Milpillas no solo representa una amenaza ecológica, sino un modelo de despojo disfrazado de progreso. La lucha de estas comunidades es también una advertencia sobre los peligros del extractivismo y la corrupción institucionalizada en la gestión del agua en México.
El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, junto con REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros, reiteran su rechazo categórico al proyecto y hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional:
“No más consultas. El pueblo ya decidió: ¡No a la Presa Milpillas!”
