Tras una histórica movilización indígena, el gobierno de Michoacán y el Concejo Mayor de Cherán firmaron un convenio para fortalecer la Ronda Comunitaria.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2025. — En un hecho significativo para la autonomía y la seguridad de los pueblos originarios, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un convenio con autoridades del Concejo Mayor de Cherán para transferir 7.2 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz). Este recurso, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2022 a 2025, será destinado a reforzar la Ronda Comunitaria, órgano de seguridad autónomo de la comunidad purépecha.
La firma del acuerdo ocurre en un contexto de tensión y denuncia. Apenas el pasado 9 de julio, la comunidad indígena autónoma de Cherán K’eri se movilizó por las principales calles de Morelia para exigir justicia, respeto a su autonomía y garantías de seguridad, tras un ataque armado del 2 de julio atribuido a grupos del crimen organizado.
Frente a el palacio de Gobierno, las y los comuneros denunciaron la omisión de autoridades estatales y federales frente a la creciente violencia. “La defensa de nuestro territorio no es negociable. Exigimos seguridad con respeto a nuestra autonomía”, proclamaron frente al recinto gubernamental.
Con pancartas que decían “Cherán vive” y “Justicia para los caídos”, la comunidad exigió equipamiento inmediato para la Ronda Comunitaria, capacitación técnica respetuosa de sus usos y costumbres, y la presencia exclusiva de la Guardia Nacional. Rechazaron tajantemente la actuación de la Guardia Civil del estado, a la que acusaron de hostigamiento y negligencia.
Ante esto, el gobernador Bedolla anunció que los 7.2 millones de pesos se transferirán directamente al Concejo Mayor, respetando el principio de autogestión de la comunidad. Estos recursos podrán utilizarse para adquirir uniformes, patrullas, infraestructura, capacitación u otras herramientas que fortalezcan la labor de la Ronda Comunitaria.
Además de la transferencia de recursos, el pliego petitorio presentado por la comunidad exige el esclarecimiento inmediato del ataque del 2 de julio. Exigen a la Fiscalía General del Estado un informe detallado sobre las investigaciones, personas detenidas y medidas de protección implementadas.
Este convenio representa no solo una respuesta a las exigencias de una comunidad agraviada, sino también un reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la seguridad con base en sus propias estructuras.
Cherán K’eri es un referente nacional de autogobierno indígena. Desde 2011, la comunidad expulsó a los partidos políticos, talamontes y grupos criminales, estableciendo un modelo de seguridad y organización comunitaria basado en asambleas, consejos y la Ronda. Este sistema ha sido reconocido constitucionalmente como parte de sus derechos colectivos.
