Ciudad de México, 1 de julio, 2019.- En la conmemoración del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas cinco personas el 31 de julio de 2015; familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que las acompañan emitieron un posicionamiento sobre el proceso de búsqueda de justicia. Manifestaron que aún hay cuestiones a resolver.
Familiares y amigos recordaron el multihomicidio donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinoza Becerril; la activista Nadia Vera Pérez; la trabajadora doméstica, Alejandra Negrete; la maquilladora, Yesenia Quiróz Alfaro; y la modelo, Mile Virginia Martín.
Afirmaron que el caso continúa impune, pues aún no se han identificado a los autores intelectuales y materiales de dicho crimen; al igual que tampoco se sabe concretamente qué sucedió en el número 1909 de Luz Saviñón por la tarde.
Señalaron que pese al diálogo abierto para un plan de investigación, por parte de la nueva administración, que durante años presentó trabas; aún falta que los hechos y avances sean concretos respecto a las líneas de investigación. Incluyendo la relación con los antecedentes de agresiones y amenazas que sufrieron Nadia Vera y Rubén Espinosa, por su labor activista y periodística en la exigencia de justicia por violaciones a los derechos ocurridas en la administración de Javier Duarte en Veracruz.
Asimismo, expusieron que, aunque sigue un diálogo abierto con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), hay lentitud en su desempeño, e instaron a que el nuevo gobierno marcase la diferencia con cambios reales y resultados concretos.
Ante ello, hicieron un llamado urgente a la Contraloría General, junto a la Fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos, a que actúen de manera diligente, eficaz, eficiente y exhaustiva: aapesar que, desde el 11 de diciembre de 2018, las familias presentaron una queja por irregularidades, omisiones y negligencias, incluyendo violaciones a derechos humanos, se han prolongado los resultados; mientras que ninguna autoridad ha sido sancionada por las violaciones que cometieron y siguen cometiendo en dicho caso.
Recordaron la presentación de un escrito formal a la Fiscalía Central de investigación para el Delito de homicidio, en la línea de investigación relativa a Veracruz, en donde el gobierno de Javier Duarte operaban grupos parapoliciales que secuestraban, torturaban y desaparecían personas con total impunidad.
Agregaron que el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, operaba varias empresas de seguridad en la CDMX con permiso para portación y uso de armas de fuego, sabiendo que dichas empresas se desempeñaban contra adversarios de grupos criminales y contra opositores políticos; información que alimenta la necesidad de realizar una gran investigación que agote las líneas relacionadas.
Por otro lado, recordaron la recomendación 4/2017 realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, relacionado a la reparación integral del daño a las víctimas que también ha tenido un avance lento, en el que el acceso a la justicia y verdad son fundamentales para lograr dicha reparación integral.
Por último, hicieron un llamado público al actual gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clauda Sheinbaum, así como a la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, a desempeñar las diligencias pertinentes para que los procesos de investigación y reparación integral de daño a las víctimas subsane en lo posible las omisiones e irregularidades que han persistido en estos años, para que comience a haber resultados reales y concretos.
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