El de 10 agosto de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una sentencia de procedentes en el caso del amparo en revisión 52/2020, dando el paso crucial en la lucha por la justicia y los Derechos Humanos en México, en el caso de las víctimas de desaparición forzada, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca.
Por Miranda Chavarria / @mirandachavarria
A 10 años del caso, esta sentencia marca un parteaguas en la historia del país, ya que, representa la primera vez que la máxima instancia de procuración de justicia emitió una sentencia por un caso de desaparición forzada cometida en contra de luchadores sociales.
La sentencia no solo reconoce el crimen como tal, sino que también, lo califica como una grave violación a los Derechos Humanos, debido a su naturaleza. Así mismo, la sentencia ordena una serie de medidas de reparación integral que obligan al estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a buscar a las victorias hasta dar con su paradero, así como a enjuiciar a los responsables de dichos actos.
Familiares de las víctimas, convocaron a una conferencia de prensa para dar información sobre los avances y los obstáculos tras el primer año de la sentencia, mencionaron que el logro de esta sentencia, es el resultado de más de 15 años de lucha que han sido llevadas a cabo por Organizaciones solidarias, defensoras y defensores de Derechos Humanos, abogados así como de los mismos familiares de las víctimas.
Aseguraron que, el fallo ha dejado al descubierto una vez más las deficiencias sistemáticas de las autoridades que durante mucho tiempo negaron la existencia y perpetuación de este crimen. También destacaron que fue de suma importancia la cooperación interinstitucional en las acciones de búsqueda e investigación, evidenciando así, la necesidad de una coordinación eficiente entre todas las dependencias involucradas en casos similares.
Sin embargo, explicaron que este primer año de lucha estuvo lleno de obstáculos así como de resistencias, enfrentando las negativas y dilataciones. Los familiares y las organizaciones han tropezado en su búsqueda por la justicia plena. La Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), presentó resistencias al proceso de conformación de la Comisión especial de Búsqueda, retrasando su constitución.
Por su parte, la SEDENA, evitó citar a declarar a sus mandos militares, obstaculizando el cumplimiento cabal de la sentencia. La Fiscalía General de la República (FGR), también ha presentado dificultades en la ejecución de actos de investigaciones esenciales y es que a pesar de los esfuerzos y solicitudes, informes cruciales de la SEDENA y la SEMAR relacionados con las desapariciones de Gabriel y Edmundo siguen siendo inaccesibles.
Así mismo, argumentaron que la Fiscalía General de la República no ha avanzado en más de 30 actos de investigación que han sido fundamentales, incluyendo las órdenes de aprehensión y solicitudes de comparecencia de figuras claves.
La conformación de la Comisión Especial de Búsqueda, integrada por múltiples entidades gubernamentales, organizaciones y expertos, ha establecido un marco para el trabajo coordinado y multidisciplinario.
En la publicación del expediente completo sobre la desaparición de Gabriel y Edmundo, publicado en el sitio web de la FGR, demuestra una mayor transparencia y acceso a la información, a pesar de la adversidad, la determinación y la solidaridad de los familiares y organizaciones, han demostrado que la lucha por la justicia es inalcanzable y que, aseguran, cada paso hacia adelante en la búsqueda de la verdad y responsabilidad, es un gran avance.
Finalmente, se hace un hincapié en que la sentencia, no solo represente un precedente histórico, sino también una promesa de que la justicia prevalecerá, y que la memoria de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, nunca se olvidará.
