Colectivos sociales acusaron al gobierno de Oaxaca de realizar una “limpieza social” bajo el pretexto de seguridad. Más de 400 personas, en su mayoría migrantes, fueron detenidas y luego abandonadas en carreteras. Exigen transparencia y políticas públicas integrales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 21 de mayo de 2025.– Más de 400 personas, en su mayoría migrantes y personas en situación de calle, fueron detenidas y posteriormente abandonadas en distintos puntos carreteros del estado de Oaxaca como parte del Operativo Pescador, implementado los días 16 y 17 de mayo por autoridades estatales y municipales. Colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos han calificado la acción como una “limpieza social” que criminaliza la pobreza bajo el pretexto de seguridad.
El operativo fue ejecutado por más de mil elementos policiacos en la Central de Abasto de Oaxaca, y aunque el gobierno estatal lo presentó como un “éxito” por la supuesta reducción del 63% en la incidencia delictiva, videos y testimonios difundidos en redes sociales documentan detenciones sin órdenes judiciales, así como actos de violencia, discriminación y racismo por parte de las fuerzas de seguridad.
Según reportes de medios locales, las personas detenidas fueron trasladadas en autobuses y abandonadas en zonas como Tlacochahuaya y El Tule, a la altura de la carretera federal 190. La Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë Comamos Todxs denunció que el operativo no abordó las causas estructurales de la marginación, sino que actuó con una lógica de exclusión: “Se violan sistemáticamente los derechos más elementales de las personas detenidas, torturadas y arrojadas a la segregación”.
Por su parte, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH) exigió información clara sobre el destino de las personas detenidas y expresó su preocupación ante la posibilidad de que muchas de ellas se encuentren en centros de reclusión sin permisos ni protocolos adecuados, algunos de los cuales han sido señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por prácticas de tortura.
En un comunicado, la Plataforma de Derechos Humanos —conformada por más de 20 organizaciones civiles— alertó sobre la falta de transparencia, la criminalización por apariencia o situación socioeconómica, y la omisión del respeto al debido proceso. “Se protege un modelo de ciudad excluyente y clasista”, señalaron, y demandaron que los lugares donde se mantiene a estas personas cuenten con condiciones adecuadas de higiene, atención médica y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con la NOM-028-SSA2-2009.
El comunicado advierte que la operación responde a intereses turísticos y de gentrificación, y no a una verdadera estrategia de atención a la seguridad ni a los derechos sociales. “Acciones de este tipo sólo benefician al sector turístico y agravan los problemas derivados de la gentrificación, sin considerar los derechos de las personas en la zona”, denunciaron.
Asimismo, llamaron al Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) y a los Servicios de Salud de Oaxaca a supervisar los espacios donde fueron trasladadas las personas con problemas de consumo de drogas, a fin de garantizar una atención integral y con enfoque de derechos.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que los Estados tienen la obligación de implementar medidas concretas y estructurales que protejan los derechos de las personas en situación de calle. En un comunicado del 11 de mayo de 2023, la CIDH advirtió que esta población vive una vulneración sistemática de sus derechos, situación agravada por la pandemia.
Las organizaciones integrantes de la Plataforma de Derechos Humanos exigieron al gobierno estatal y municipal información clara y precisa sobre el número de personas detenidas, la calidad legal en la que fueron trasladadas y los sitios exactos a los que fueron referidas para su resguardo. Consideran indispensable conocer los protocolos utilizados para su recepción y cuidado, así como garantizar condiciones adecuadas de higiene, infraestructura, atención médica y servicios de rehabilitación, especialmente en los casos de personas con problemas de consumo de sustancias.
Asimismo, cuestionaron que muchas de las detenciones ocurrieron sin que se informaran los derechos básicos a las personas detenidas, quienes podrían estar siendo criminalizadas por su aspecto físico, situación de calle, condición de pobreza o consumo de drogas. En este contexto, hicieron un llamado al Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) y a los Servicios de Salud de Oaxaca para que supervisen los centros de reclusión utilizados durante el operativo, y aseguraron que, ante la omisión de medidas integrales y estructurales, lo que se está promoviendo no es seguridad pública, sino una política de “limpieza social” que beneficia al sector turístico en detrimento de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente a la sociedad oaxaqueña y a los medios de comunicación para mantener la atención sobre este caso y exigir rendición de cuentas a las autoridades estatales y municipales.
“La seguridad no se logra desapareciendo a los pobres ni arrojándolos fuera de la ciudad”, concluyeron.
