Aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión extingue el IFT y abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva sin control judicial. ARTICLE 19 denuncia que la reforma representa un grave retroceso en la protección de datos personales, libertad de expresión y derechos de los pueblos indígenas.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 1 de julio de 2025.- Con 369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión.
El dictamen, considerado de urgente resolución, extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y traslada sus funciones a una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. A su vez, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado, sin autonomía constitucional, cuyos integrantes serán designados por el Ejecutivo Federal. Esto, advirtió ARTICLE 19, compromete la independencia del ente regulador y lo subordina al poder político.
A través de un comunicado, ARTICLE 19 expresó su “preocupación y rechazo” ante lo que considera una reforma regresiva que vulnera derechos fundamentales. “La nueva ley, por sí misma y en combinación con otras legislaciones aprobadas sin sustento ni responsabilidad, amplía las capacidades de opacidad y vigilancia estatal”, denunció la organización.
Entre los puntos más críticos está la exigencia de la CURP como requisito obligatorio para activar líneas móviles, lo que, combinado con la creación de una Plataforma Única de Identidad, permitiría al Estado gestionar la identidad de todas las personas en tiempo real. Esta medida, lejos de fortalecer derechos, pone en riesgo la privacidad, genera discriminación y abre la puerta al uso indebido de datos personales, sin mecanismos de control ni rendición de cuentas.
Además, aunque la ley exige orden judicial para intervenir comunicaciones privadas, no contempla el mismo estándar para el acceso a la geolocalización en tiempo real ni a los metadatos conservados. Esta ambigüedad, sumada a reformas paralelas como la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y la Ley de la Guardia Nacional, configura un sistema de vigilancia masiva y desproporcionada, contrario a los principios democráticos.
“La Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional tendrían acceso sin restricciones a bases de datos públicas y privadas, incluyendo la geolocalización de las personas y el registro de líneas móviles”, detalló ARTICLE 19. La organización señaló que estas prácticas contravienen los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Otro punto crítico es el trato que reciben los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos. Si bien la ley reconoce su existencia y los exenta del pago por el uso del espectro radioeléctrico, no establece mecanismos claros de acceso preferente, ni simplificación de trámites, ni una reserva de espectro para estos grupos. En la práctica, continúan marginados bajo una lógica de competencia comercial que reproduce las desigualdades estructurales.
Por si fuera poco, la nueva ley elimina la figura de una defensoría de audiencias independiente. Ahora, cada concesionario tendrá la obligación de contar con su propia defensoría, sin garantías de autonomía ni mecanismos efectivos de exigibilidad. Esto debilita gravemente la protección de los derechos de las audiencias, en un contexto en el que los medios públicos y privados responden cada vez más a intereses políticos o económicos.
En su comunicado, ARTICLE 19 exigió al Senado de la República que retome los insumos de los foros de discusión realizados durante la elaboración de la iniciativa y que garantice el respeto a los más altos estándares en derechos humanos. “Esta reforma representa un grave retroceso en la libertad de expresión, privacidad y acceso a la información. Legaliza prácticas de censura y vigilancia incompatibles con una sociedad democrática”, concluyó la organización.
