El informe presentado por el Espacio OSC ante el Comité de la CEDAW documenta una crisis estructural de violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México, con cifras alarmantes, impunidad y un Mecanismo de Protección debilitado.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 1 de julio de 2025.- En un informe presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, el Espacio OSC documentó que entre enero de 2017 y mayo de 2025 fueron asesinadas al menos 67 mujeres defensoras de derechos humanos y 6 mujeres periodistas en México, la mayoría sin acceso a justicia ni protección efectiva por parte del Estado.
El informe, titulado “Violencia y discriminación contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México”, fue elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil —incluyendo ARTICLE 19, CIMAC, CENCOS, Consorcio Oaxaca y Tlachinollan— con el objetivo de contrastar las afirmaciones del Estado mexicano sobre avances en materia de protección y equidad de género.
“La evidencia recogida en el terreno refleja una realidad profundamente distinta a la planteada por el Estado, marcada por la persistente violencia, impunidad y obstáculos estructurales para ejercer la labor de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión”, señala el documento.
El informe fue entregado al Comité de la CEDAW en el marco de su 91° período de sesiones y enfatiza que, pese a los compromisos internacionales del Estado mexicano, la brecha entre la legislación y su implementación es “alarmante”.
Según el informe, solo entre 2020 y 2024, se registraron 1,383 agresiones contra 321 defensoras y 1,054 agresiones contra mujeres periodistas, que incluyen amenazas, campañas de desprestigio, violencia física y hostigamiento digital. Más preocupante aún: al menos una de cada tres agresiones ocurrió pese a que las víctimas contaban con medidas de protección.
El informe también expuso que el 54% de las solicitudes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron rechazadas entre 2022 y 2024. Las mujeres defensoras en contextos rurales, indígenas o con acceso limitado a tecnologías enfrentan barreras adicionales para ingresar al sistema.
Además, entre 2022 y 2024 se presentaron 91 acciones judiciales contra el propio Mecanismo por incumplimiento de medidas, cierre de casos o negativa de incorporación, lo que representa más del 70% de los recursos legales interpuestos desde su creación en 2012.
El documento dedica una sección específica a la violencia digital, destacando el uso de redes sociales para agredir, intimidar y desprestigiar a periodistas y defensoras con mensajes sexistas, amenazas de violencia sexual y campañas de difamación. Estas agresiones, en muchos casos, preceden a ataques físicos que podrían prevenirse con una actuación institucional eficaz.
El informe también denunció el abandono institucional frente a los impactos psicosociales de esta violencia. “A pesar de que muchas defensoras acompañan procesos dolorosos como la búsqueda de personas desaparecidas, el Estado no ha incorporado medidas de atención emocional y salud mental en los planes de protección, lo que incrementa el desgaste, la revictimización y el abandono de su labor.”
Uno de los hallazgos más graves es que las autoridades municipales son señaladas como responsables en el 46% de los ataques contra defensoras, muchas veces en colusión con grupos criminales. En los casos de periodistas, las autoridades también figuran como principales agresores, con un 45% de responsabilidad.
El informe exigió a la CEDAW que emita recomendaciones firmes al Estado mexicano para revertir esta situación, garantizar medidas de protección con enfoque de género, y frenar la impunidad estructural que pone en riesgo a quienes defienden la vida, el territorio, la verdad y la justicia en México.
El Espacio OSC advirtió que la nueva administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha reducido el presupuesto del Mecanismo de Protección en 2025, e interrumpió el funcionamiento del Grupo de Trabajo para su fortalecimiento, lo que podría significar un retroceso en materia de derechos humanos.
“Garantizar la vida, integridad y libertad de las mujeres defensoras y periodistas no es solo una obligación legal del Estado mexicano, sino también una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho”, concluyó el informe.
Puedes consultar y descarga el informe completo:
Disponible en: https://espacio.osc.mx
