Entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025, la periodista Adela Navarro ha recibido ocho amenazas telefónicas tras publicar investigaciones sobre corrupción y crimen organizado en Baja California. ARTICLE 19 exige acción inmediata del Estado mexicano.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 21 de mayo de 2025.- La organización internacional ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica, condenó enérgicamente las amenazas dirigidas contra la periodista Adela Navarro Bello, directora general del Semanario ZETA, medio independiente con sede en Tijuana, Baja California, reconocido por su cobertura sobre narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado.
Entre el 29 de abril y el 16 de mayo de este año, Navarro recibió al menos ocho llamadas telefónicas amenazantes, todas con el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, seguido del corte inmediato de la comunicación. Las llamadas fueron dirigidas tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, dificultando su rastreo debido a la falta de identificador de llamadas.
La periodista compartió con ARTICLE 19 que las primeras amenazas telefónicas parecían provenir de una habitación vacía, debido al eco presente en la línea. Sin embargo, en las más recientes se detectaron sonidos de fondo que sugieren que las llamadas pudieron haberse realizado desde espacios abiertos o en movimiento, con ruidos similares a los de una motocicleta. Esto abre la posibilidad de que los mensajes hayan sido emitidos desde diferentes ubicaciones o por múltiples individuos, lo que refuerza la gravedad del patrón de intimidación.
Las amenazas ocurrieron después de la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno a una narcofosa, y se intensificaron luego de que ZETA diera a conocer posibles casos de corrupción en el gobierno estatal. Uno de los reportajes más recientes del semanario reveló la revocación de visas estadounidenses a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo, Carlos Torres.
Pese a que la periodista denunció los hechos ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, hasta el momento no se ha iniciado una investigación ni se ha ofrecido una respuesta efectiva por parte de las autoridades, lo que eleva el riesgo tanto para Navarro como para su equipo editorial.
Durante 2024, ARTICLE 19 documentó 90 casos de amenazas contra periodistas en México, muchas de ellas con mensajes explícitos de muerte. La organización recordó que, conforme al Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las amenazas e intimidaciones contra periodistas representan una violación a derechos fundamentales y una restricción grave a la libertad de expresión.
Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha advertido que este tipo de agresiones generan un efecto de autocensura que obstaculiza el trabajo periodístico y restringe el derecho de la sociedad a estar informada.
Ante este panorama, ARTICLE 19 exige acciones urgentes por parte de las instituciones responsables. A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) le demanda el inicio de una investigación inmediata, imparcial y con enfoque de género, que permita identificar y sancionar a los responsables de las amenazas dirigidas contra la periodista. Asimismo, solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la implementación de medidas de protección urgentes para Adela Navarro y el equipo del Semanario ZETA, considerando la gravedad de los hechos, la recurrencia de las amenazas y el contexto de alto riesgo en el que ejercen su labor periodística.
El caso de Adela Navarro no es aislado. Se suma a un patrón sistemático de violencia contra periodistas en México, país que se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La omisión estatal, reiterada en casos similares, refuerza la impunidad y expone a quienes ejercen la labor informativa a condiciones de vulnerabilidad extrema.
