Habitantes de Santa María Ostula en Michoacán denunciaron este martes 6 de febrero que los ataques violentos del crimen organizado hacia la comunidad continúan.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Malena que buscará castigar los ataques con ácido y elevar la protección y justicia para las víctimas.
El Museo Reina Sofía de Madrid anuncia la llegada de la reconocida curadora y experta en arte latinoamericano, Amanda de la Garza, como su nueva subdirectora.
En el aniversario de su nacimiento, recordamos la vida y el activismo de Nadia Vera, una destacada defensora de los derechos humanos en México cuya voz fue silenciada por la violencia feminicida.
El asesinato de Angela Meraz León en Tecate, Baja California, no solo representa una tragedia personal, sino también un duro golpe a la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas en México.
El presidente López Obrador presentó a Joe Biden un ambicioso plan de diez puntos enfocado en la cooperación y el desarrollo para abordar las causas raíz de la migración, incluyendo la regularización de mexicanos en EE.UU. y el apoyo económico a países latinoamericanos.
En sus observaciones finales publicadas este 7 de julio, el Comité de la ONU señaló la falta de atención y protección a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, así como a víctimas de amenazas, desaparición o asesinato, denunciando la ausencia de un diálogo seguro y medidas efectivas para garantizar sus derechos.
La nueva agencia, encabezada por Mercedes Gutiérrez Salinas y adscrita a la FIDAMPU, es parte del Plan de Trabajo 2025-2029 de Bertha Alcalde Luján y atenderá denuncias, coordinará rescates y canalizará animales a atención médica.
ARTICLE 19, R3D y SocialTIC denuncian corrupción, lavado de dinero y espionaje ilegal con Pegasus en México; señalan a Peña Nieto, Osorio Chong, el CISEN y el Ejército como responsables de una red de vigilancia que persiste hasta la actualidad.
El Gabinete de Seguridad presentó un plan integral que combina inteligencia financiera, bloqueo de telecomunicaciones y coordinación interinstitucional para combatir un delito que afecta a 66% de las víctimas en solo ocho entidades.
