La Fiscalía General de la República (FGR), informó ante el Comité contra las Desapariciones de la ONU la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) mismo que planea terminarlo hasta el año de 2026, mientras que el Poder Judicial determinó que continúa sin cumplir la sentencia que ordena implementar dicho Banco.
Por Miranda Chavarría / @mirandachavarria
A raíz del anuncio realizado por la FGR hace aproximadamente el pasado 29 de mayo de 2023, sobre la implementación del BNDF, aseguran que su operación y funcionamiento, continuo sin ser efectiva, a pesar de que la FGR dijo ya estar concluida, y se publicará en el Diario Oficial de la Federación, lo que representa una deuda con las familias que buscan incansablemente a sus desaparecidos.
Luego de un proceso legal el cual se llevó a cabo durante dos años por Olimpia Montoya en contra de la supuesta negligencia por parte de la FGR misma que desde 2017 omitió su obligación de ejecutar dicha herramienta que ayudaría con la crisis forense de los más de 52 cuerpos sin identificar en México.
Sin embargo, tras un monitoreo del BNDF, se concluyó que no se cuenta con un funcionamiento correcto, en este mismo sentido, el Poder Judicial, emitió una resolución el pasado 10 de agosto del año en curso, la cual, destacó que dicha herramienta está lejos de ser considerada como una tarea finalizada.
Por su parte, La FGR comunicó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, esto como respuesta al informe del 2022, el cual tiene previsto concluir la creación del BNDF y a sus subsistemas entres los años 2025 o 2026, pero Organizaciones de la Sociedad Civil aseguran que este mecanismo debió de haber estado concluido en 2016 y que representa un retraso con respecto de la obligación legal y 20 años después del inicio de la crisis de desaparición.
Un juzgado responsable de la supervisión del cumplimiento de las acciones ordenó a la FGR proporcionar detalles específicos acerca de los registros que componen el Banco de Datos Forenses, en dicho proceso legal, se demostró que aún no se han incorporado al BNDF las bases de datos genéricos, huellas dactilares así como de registros de las fosas clandestinas y comunes, entre otros elementos primordiales.
Así mismo, la sentencia del juicio de amparo, también exige que una vez establecido el BNDF, se llevará a cabo la búsqueda de los datos correspondientes a Marco Antonio Montoya, hermano de la impulsora original del amparo, Olimpia Montoya. Razón por la cual, se descubrió que la FGR simuló llevar a cabo una búsqueda en una plataforma de prueba del BNDF, pero dicha búsqueda se realizó con datos erróneos relacionados con las características particulares de Marco Antonio.
De acuerdo con un análisis de la organización feminista que utiliza los datos y la tecnología como herramientas para la defensoría de Derechos Humanos Data Cívica, el cual se basa en la información pública así como de solicitudes de información, pero aseguran que ninguna autoridad de la localidad cumplió totalmente con la solicitud de información.
Dentro de los resultados de este análisis, se señala que las autoridades locales poseen más información sobre los perfiles genéricos sobre las huellas digitales, pero únicamente los Estados de Baja California, Guerrero, Jalisco y el Estado de México, confirmaron tener un sistema Ante Mortem y Post Mortem, lo cual significa que la mayoría de las autoridades locales no cumplen con su responsabilidad legal de poner a disposición de los usuarios pertinentes, la información forense.
En una conferencia de prensa emitida por Olimpia Montoya del proyecto de Búsqueda en Guanajuato; la experta forense, Aurora Pérez López; Akira Franco, de Data Cívica y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) reafirman que a pesar de la serie de irregularidades presentadas, las familias en la búsqueda continúan exigiendo con firmeza, de igual manera, insisten en que sus datos genéticos sean cotejadas con los del BNDF para obtener información precisa de las identificaciones.
No obstante, la Fiscalía, informó que finalmente se inició la construcción del Registro Nacional de personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el cual ya cuenta con 464 cuerpos registrados. Aunque este avance es incipiente frente a la magnitud de más de 52 mil cuerpos sin identificar en el país, el inicio de este registro es un paso fundamental en la dirección correcta para centralizar la información forense dispersa en todo México, así lo aseguran los convocantes.
La conferencia culminó asegurando que es importante que la Fiscalía General de la República cumpla con la resolución emitida por el Poder judicial y detiene los recursos necesarios para establecer y operar eficazmente el Banco Nacional de Datos Forenses, lo cual es crucial para el país y hacer frente a la crisis que involucra a más de 111 mil personas desaparecidas, así como para abordar el retraso de los procesos forenses.
