La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de una estrategia para combatir la gentrificación, que incluye la implementación del Bando 1, jornadas de consulta ciudadana, una Ley de Rentas Justas y la creación de una Defensoría Inquilinaria.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 22 de julio de 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una estrategia integral para frenar el avance de la gentrificación en la capital del país. Durante una conferencia de prensa acompañada por integrantes del gabinete y del Congreso local, Brugada explicó que el llamado Bando 1 será el instrumento central para articular esta política pública, que buscará poner un alto al desplazamiento de comunidades, el encarecimiento del suelo urbano y la expansión descontrolada del turismo inmobiliario.
La mandataria capitalina recalcó que el fenómeno de la gentrificación no es nuevo ni exclusivo de la Ciudad de México. En muchas metrópolis del mundo, barrios tradicionales han sido invadidos por lógicas de mercado que transforman el tejido social y elevan el costo de vida hasta volverlo insostenible para sus habitantes originales. En ese contexto, la ciudad necesitaba una respuesta de fondo, estructural y con perspectiva social, que garantizara el derecho a la vivienda y a la permanencia comunitaria.
Brugada enfatizó que el Bando 1 representa el inicio de una transformación profunda en la forma en que se gestiona el territorio. Indicó que esta política urbana tendrá como base la legislación, la planeación democrática y la participación activa de los sectores afectados. Señaló que se propondrán reformas normativas, incluyendo una nueva Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que establecerá límites claros al alza desproporcionada de rentas y regulará el uso de plataformas digitales de hospedaje temporal como Airbnb.
La jefa de Gobierno aseguró que uno de los pilares fundamentales será la creación de una Defensoría Inquilinaria, un organismo público con facultades para proteger los derechos de arrendadores y arrendatarios, mediar en conflictos y sancionar abusos en el mercado de alquiler. Este organismo formará parte de un paquete de acciones jurídicas que buscan devolver equilibrio y justicia al sistema habitacional de la capital.
Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, explicó que la primera fase de esta estrategia incluirá una amplia consulta ciudadana. A partir del 25 de julio, se realizarán foros públicos en espacios abiertos y accesibles, comenzando en el Museo de la Ciudad de México. Las colonias incluidas en esta fase inicial de diagnóstico y planeación son algunas de las más presionadas por la especulación inmobiliaria, como Condesa, Roma Norte, Roma Sur, Hipódromo, Juárez, Escandón, San Miguel Chapultepec y Doctores, entre otras.
Durante estos foros, se recogerán testimonios, propuestas y preocupaciones de vecinos, arrendadores, colectivos culturales, urbanistas, desarrolladores inmobiliarios y organizaciones de defensa del derecho a la ciudad. Además, se realizarán diálogos sectoriales enfocados en población joven, desplazados por el aumento del precio del suelo, anfitriones de plataformas digitales, comerciantes locales y colectivos de vivienda, con el objetivo de construir soluciones reales, contextualizadas y sostenibles.
Encinas explicó que estos foros y encuentros permitirán diseñar un Plan Maestro para las denominadas “zonas tensionadas”, es decir, aquellas donde el alza del valor del suelo, la disminución de la oferta habitacional permanente y la saturación de viviendas para turistas han puesto en riesgo la estabilidad de las comunidades residentes. Además, se espera que estas consultas sirvan para afinar las disposiciones legales que conformarán la futura Ley de Rentas Justas.
En su intervención, Clara Brugada confirmó que, como parte de este esfuerzo, se levantará un censo de personas desplazadas por procesos de gentrificación. Este registro, explicó, permitirá reconocer a quienes han sido forzados a dejar sus hogares debido a aumentos de renta o despojos, y diseñar mecanismos que faciliten su retorno. Indicó que la Secretaría de Vivienda está trabajando en protocolos para integrar este padrón y establecer criterios de atención prioritaria.
La mandataria recalcó que el desarrollo urbano no debe significar exclusión ni expulsión de quienes han construido vida comunitaria durante décadas. Afirmó que el modelo de ciudad que impulsa su gobierno es uno donde el arraigo, la vida barrial, la cultura popular y la identidad local sean protegidos frente a los intereses del mercado. “La Ciudad de México no es una mercancía, es un proyecto social, cultural y humano que debe construirse con y para su gente”, sentenció.
Durante la conferencia, varios medios cuestionaron el impacto que estas medidas podrían tener en el mercado inmobiliario. Algunas voces han advertido sobre posibles efectos adversos, como la reducción en la oferta de vivienda o un aumento de la informalidad en los contratos de renta. Brugada respondió que, por el contrario, la regulación generará mayor certeza jurídica y transparencia. Señaló que muchos desarrolladores están interesados en construir vivienda asequible, y que la ley permitirá definir con claridad dónde, cómo y para qué se puede edificar en la capital.
También se abordó el tema del cártel inmobiliario y la corrupción en el otorgamiento de permisos de construcción. La jefa de Gobierno confirmó que su administración mantiene un monitoreo constante para evitar que se repitan prácticas como las ocurridas en la alcaldía Benito Juárez. Anunció que la próxima semana se presentará una estrategia específica para combatir el delito de despojo, que incluirá medidas administrativas y reformas legislativas.
En respuesta a preguntas sobre el padrón de anfitriones de plataformas digitales, el gobierno reconoció que aún no ha sido activado debido a desacuerdos sobre su implementación. Sin embargo, afirmó que su regularización será parte central de la ley en construcción y que se escucharán todas las voces para definir su operación.
Finalmente, Clara Brugada insistió en que el proceso de transformación urbana debe darse con participación activa de la ciudadanía. Invitó a todas las personas interesadas a sumarse a los foros, mesas y consultas para imaginar de forma colectiva el futuro de los barrios. Recalcó que el Bando 1 no es el punto de llegada, sino el punto de partida de una política pública que busca garantizar el derecho a la vivienda, la permanencia y la justicia territorial en una ciudad diversa, viva y profundamente humana.
