Comunidades purépechas de la Meseta, la región Lacustre y la Cañada de los Once Pueblos impidieron la realización de foros convocados por el INPI y Gobernación en Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín, al denunciar que el proceso no garantiza una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
Por: Redacción / @Somoselmedio
Comunidades originarias del pueblo purépecha impidieron este domingo la realización de foros de consulta convocados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación en Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín, Michoacán, al considerar que el proceso no garantiza condiciones adecuadas de participación ni respeta sus formas de organización comunitaria.
Las asambleas regionales estaban programadas para este 6 de septiembre como parte del proceso de consulta sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, legislación que busca reglamentar las disposiciones del artículo 2° constitucional reformado en 2024.
Desde las primeras horas de la jornada, representantes y comuneros de distintas comunidades acudieron a las sedes convocadas para expresar su rechazo a la forma y los tiempos establecidos por las autoridades federales. Alrededor de las 9:00 horas, en Pátzcuaro, y posteriormente cerca de las 10:00 horas, en Cherán Atzicuirín, las protestas impidieron el desarrollo de las reuniones.
Las comunidades señalaron que el mecanismo planteado por el INPI y la Secretaría de Gobernación no reúne, desde su perspectiva, las condiciones necesarias para considerarse una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
En Cherán Atzicuirín participaron comunidades de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los Once Pueblos, mientras que en Pátzcuaro se movilizaron comunidades de la región Lacustre. En ambos puntos, los inconformes cuestionaron que un proceso relacionado con derechos indígenas se organice bajo reglas definidas de manera unilateral por las instituciones federales.
Durante la jornada, las comunidades calificaron el procedimiento como una imposición y exigieron que cualquier consulta relacionada con sus derechos colectivos respete sus tiempos, mecanismos de decisión, autoridades tradicionales y formas propias de organización.
En Pátzcuaro se registraron momentos de tensión entre quienes buscaban llevar a cabo la asamblea y quienes se oponían a su realización. Posteriormente, la situación se distendió sin que el foro pudiera desarrollarse.
El conflicto expone una discusión de fondo sobre la relación entre el Estado y los pueblos originarios: quién define las condiciones bajo las cuales se consulta a las comunidades sobre leyes que impactan directamente en su autonomía, territorio y libre determinación.
Las comunidades movilizadas sostuvieron que la participación indígena no puede reducirse a un trámite administrativo ni limitarse a validar decisiones previamente construidas desde las instituciones.
Además del rechazo a los foros convocados por el Gobierno federal, sectores de las comunidades purépechas plantearon la posibilidad de impulsar una ruta propia de discusión y construir una propuesta legislativa elaborada desde sus asambleas, sistemas normativos y necesidades comunitarias.
La intención, señalaron, es que sean los propios pueblos quienes debatan y definan los contenidos de una legislación que tendrá efectos sobre el ejercicio de sus derechos colectivos.
La protesta ocurre en un estado donde distintas comunidades indígenas han desarrollado procesos de autogobierno, autonomía y administración directa de recursos públicos, particularmente a partir de experiencias como la de Cherán y de otras comunidades purépechas que han exigido reconocimiento de sus formas propias de gobierno.
La suspensión de las reuniones en Pátzcuaro y Cherán Atzicuirín coloca nuevamente en el centro el debate sobre los alcances de la reforma constitucional en materia indígena y sobre la obligación del Estado de garantizar procesos de consulta que no sólo cumplan formalidades, sino que reconozcan efectivamente la libre determinación de los pueblos.
Las comunidades que participaron en las movilizaciones insistieron en que no rechazan la discusión sobre una nueva legislación en materia de derechos indígenas, sino las condiciones bajo las cuales el Gobierno federal pretende realizarla.
Su exigencia, plantearon, es que el proceso sea construido con los pueblos y no únicamente presentado ante ellos para su validación.
